martes, mayo 16, 2006
Los bloqueos ... para distribuir
El 29 de enero de 2003 un grupo de taxistas priistas bloquearon con sus vehículos las calles del centro de la ciudad de Morelia. El gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, mandó con prontitud a la escena a un contingente de unos 150 granaderos encabezados por Gabriel Mendoza Jiménez, secretario de seguridad pública del estado. Su mandato era claro: las calles deben ser liberadas.
La fuerza pública se movió con rapidez y eficacia. Los taxistas, confrontados por la fuerza pública, pidieron dialogar, pero Mendoza no aceptó hablar con ellos: "No tengo idea de cuál sea su petición y no es lo que vine a negociar aquí", dijo el secretario de seguridad pública a un reportero de Grupo REFORMA. "Nosotros no negociamos en la calle".
¡Cómo han cambiado los tiempos! El mes pasado el eficaz Mendoza se vio obligado a presentar su renuncia debido a que la policía estatal bajo su mando participó en el fallido intento de desalojo de Sicartsa en el municipio de Lázaro Cárdenas. Al mismo tiempo el gobernador retiró a la policía estatal de la custodia de la planta siderúrgica bloqueada por simpatizantes del líder minero Napoleón Gómez Urrutia.
Otros gobiernos del PRD han adoptado abiertamente una política de tolerancia a los bloqueos que se han convertido en el pan de cada día en distintos lugares de nuestro país. Amalia García, la gobernadora de Zacatecas, ha preferido que se pierdan cientos de empleos en Sombrerete antes de usar la fuerza pública para desalojar a un grupo de simpatizantes de Gómez Urrutia que ha tomado ilegalmente la mina de San Martín.
En el Distrito Federal, tras el anuncio de que se realizarían este 11 y 12 de mayo bloqueos coordinados en varios puntos de la ciudad en protesta por la acción policiaca del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, las autoridades señalaron que utilizarían la fuerza pública, pero sólo para mantener abiertas algunas vialidades. En las demás, los comandantes buscarían "negociar" con los manifestantes a fin de evitar los bloqueos.
Es comprensible la intención de evitar conflictos violentos, sobre todo después del enfrentamiento en San Salvador Atenco que tuvo lugar la semana pasada, especialmente ahora que estamos en vísperas de elecciones. Pero también es evidente que la política de permitir bloqueos de las vías de comunicación se ha convertido en un poderoso incentivo para que estas acciones se multipliquen.
Quienquiera que viva en la Ciudad de México sabe lo exasperante que es estar sometido de manera cotidiana a manifestaciones y bloqueos. Estas acciones son muy fáciles de llevar a cabo, llaman la atención de los medios de comunicación y no generan consecuencias negativas para los organizadores. No se requiere demasiada gente para cerrar una calle o carretera: 20 ó 25 manifestantes son suficientes si la autoridad se limita a "negociar" o a hacer cortes a la circulación para facilitar el bloqueo.
Lo peor de todo es que, ante la proliferación de manifestaciones y bloqueos, los activistas se ven obligados a aumentar constantemente la espectacularidad de sus acciones. Como niños desobedientes, buscan siempre el límite en el que se agotará la paciencia de los padres. Si en un principio una manifestación era suficiente para llamar la atención, después se hizo necesario bloquear calles. Después, cuando los bloqueos se volvieron habituales, se pasó a los bloqueos múltiples y coordinados con el objetivo de asfixiar la ciudad.
Apenas el pasado mes de abril, durante el Foro Mundial del Agua, los capitalinos vivimos la primera jornada de bloqueos múltiples simultáneos. La pesadilla en el tránsito fue mayúscula. Ayer se vivió por segunda vez una operación concertada de este tipo; y a pesar de que el número de participantes fue relativamente escaso -los bloqueos los realizaban contingentes pequeños, en muchos casos menores a 100 personas- las consecuencias en la vida citadina fueron una vez más muy importantes.
¿Cuál será el próximo límite que buscarán estos grupos? Es difícil saberlo. Pero de lo que no cabe duda es que, una vez que estos bloqueos concertados se vuelvan cotidianos, buscarán una manera más poderosa de llamar la atención.
Los gobiernos del PRD parecen convencidos de que la tolerancia frente a los bloqueos los beneficia en lo electoral. Y quizá sea cierto: ellos saben más de política que yo. Pero si bien es verdad que a muchos electores les puede molestar el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la ley, en cada bloqueo de una calle o carretera son 100 veces más las víctimas que los activistas. Y los afectados por los bloqueos también votan.
La fuerza pública se movió con rapidez y eficacia. Los taxistas, confrontados por la fuerza pública, pidieron dialogar, pero Mendoza no aceptó hablar con ellos: "No tengo idea de cuál sea su petición y no es lo que vine a negociar aquí", dijo el secretario de seguridad pública a un reportero de Grupo REFORMA. "Nosotros no negociamos en la calle".
¡Cómo han cambiado los tiempos! El mes pasado el eficaz Mendoza se vio obligado a presentar su renuncia debido a que la policía estatal bajo su mando participó en el fallido intento de desalojo de Sicartsa en el municipio de Lázaro Cárdenas. Al mismo tiempo el gobernador retiró a la policía estatal de la custodia de la planta siderúrgica bloqueada por simpatizantes del líder minero Napoleón Gómez Urrutia.
Otros gobiernos del PRD han adoptado abiertamente una política de tolerancia a los bloqueos que se han convertido en el pan de cada día en distintos lugares de nuestro país. Amalia García, la gobernadora de Zacatecas, ha preferido que se pierdan cientos de empleos en Sombrerete antes de usar la fuerza pública para desalojar a un grupo de simpatizantes de Gómez Urrutia que ha tomado ilegalmente la mina de San Martín.
En el Distrito Federal, tras el anuncio de que se realizarían este 11 y 12 de mayo bloqueos coordinados en varios puntos de la ciudad en protesta por la acción policiaca del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, las autoridades señalaron que utilizarían la fuerza pública, pero sólo para mantener abiertas algunas vialidades. En las demás, los comandantes buscarían "negociar" con los manifestantes a fin de evitar los bloqueos.
Es comprensible la intención de evitar conflictos violentos, sobre todo después del enfrentamiento en San Salvador Atenco que tuvo lugar la semana pasada, especialmente ahora que estamos en vísperas de elecciones. Pero también es evidente que la política de permitir bloqueos de las vías de comunicación se ha convertido en un poderoso incentivo para que estas acciones se multipliquen.
Quienquiera que viva en la Ciudad de México sabe lo exasperante que es estar sometido de manera cotidiana a manifestaciones y bloqueos. Estas acciones son muy fáciles de llevar a cabo, llaman la atención de los medios de comunicación y no generan consecuencias negativas para los organizadores. No se requiere demasiada gente para cerrar una calle o carretera: 20 ó 25 manifestantes son suficientes si la autoridad se limita a "negociar" o a hacer cortes a la circulación para facilitar el bloqueo.
Lo peor de todo es que, ante la proliferación de manifestaciones y bloqueos, los activistas se ven obligados a aumentar constantemente la espectacularidad de sus acciones. Como niños desobedientes, buscan siempre el límite en el que se agotará la paciencia de los padres. Si en un principio una manifestación era suficiente para llamar la atención, después se hizo necesario bloquear calles. Después, cuando los bloqueos se volvieron habituales, se pasó a los bloqueos múltiples y coordinados con el objetivo de asfixiar la ciudad.
Apenas el pasado mes de abril, durante el Foro Mundial del Agua, los capitalinos vivimos la primera jornada de bloqueos múltiples simultáneos. La pesadilla en el tránsito fue mayúscula. Ayer se vivió por segunda vez una operación concertada de este tipo; y a pesar de que el número de participantes fue relativamente escaso -los bloqueos los realizaban contingentes pequeños, en muchos casos menores a 100 personas- las consecuencias en la vida citadina fueron una vez más muy importantes.
¿Cuál será el próximo límite que buscarán estos grupos? Es difícil saberlo. Pero de lo que no cabe duda es que, una vez que estos bloqueos concertados se vuelvan cotidianos, buscarán una manera más poderosa de llamar la atención.
Los gobiernos del PRD parecen convencidos de que la tolerancia frente a los bloqueos los beneficia en lo electoral. Y quizá sea cierto: ellos saben más de política que yo. Pero si bien es verdad que a muchos electores les puede molestar el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la ley, en cada bloqueo de una calle o carretera son 100 veces más las víctimas que los activistas. Y los afectados por los bloqueos también votan.
Sergio Sarmiento, El Norte
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La UNT, con Hernandez Juarez, así como Napoleon Gomez Urrutia, quien esta detras de los paros del sindicato minero, son organizaciones que apoyan al PRD. Tambien tenemos a Roberto Vega Galina, el "lider" del sindicato del IMSS (esos que se jubilan con solo 28 años de trabajo y con mas del 100% de su ultimo sueldo) que ahora sera plurinominal en el Senado por el PRD. Y aunque muchos lo nieguen y digan que no es cierto, hay muchas ligas, nexos, cercania (como en las marchas en contra del desafuero), de la gente de Atenco, de los panchos villas, de los CGHeros, de los de Chapingo, y todos esos que a traves de la violencia quieren mantener sus privilegios, sus cacicazgos.
RAZONEN SU VOTO!!
Dany Osiel Portales Castro
Monterrey, NL, México
unete@anula-tu-voto.org.mx
http://no-al-populismo.blogspot.com/
"Es mas fácil desintegrar un átomo que un prejuicio" (Albert Einstein)
"La vida es muy peligrosa. No para las personas que se hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa". (Albert Einstein)
"La inteligencia de un ser humano se mide exactamente por la cantidad de felicidad que este pueda crear para el y para los demás" (Germán Dehesa)
"El castigo que los hombres buenos tienen que pagar por no estar interesados en la politica es ser gobernados por hombres peores que ellos mismos" (Platón)
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Cárdenas Batel, enredado con el cuñado de Felipe Calderón Hildebrando SA. Batel Financió con más de 90 millones de pesos los negocios del cuñado de Felipe Calderón. Además Apoyó, con más de 25 mdp anuales, a la asociación civil Coopera fundada por Beatriz Sahagún Jiménez
QUÉ CALLADITO... El Gobernador de Michoacán engrosa las filas de la empresa del cuñado incómodo.
Luís Guillermo Hernández
El gobierno izquierdista de Lázaro Cárdenas Batel financió, con más de 90 millones de pesos, los negocios fa¬miliares poco claros del cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, y también a la poderosa fa¬milia de Marta Sahagún. Contratos de adjudicación directa, recursos para el combate a la pobreza y licitaciones sin oponentes han sido concedidos en los últimos tres años a las figuras del panismo por parte del único gobernador perredista que se ha rehusado a apoyar la candidatura presidencial de su propio partido. Tan sólo entre 2004 y 2006, el go¬bierno de Cárdenas Batel entregó a Hildebrando SA de CV una serie de contratos para la captura y digitalización de actas del Registro Civil de Michoacán, con sede en Morelia, por más de 9 millones de pesos, según consta en los contratos públicos de la Secretaría de Gobierno.
En ese mismo lapso, la Secretaría de Planeación y Desarrollo estatal financió, con más de 25 millones de pesos anuales, a la asociación civil “Coopera con Michoacán”, fundada y presidida por Beatriz Sahagún Ji¬ménez, hermana de la primera dama de México, quien incluso reconoció públicamente a Cárdenas Batel como “su amigo, el mejor goberna¬dor de México”.
Además, la comisión legislativa que investiga las empresas de los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún indaga licitaciones y adju¬dicaciones por más de 30 millones de pesos para construcción de vivien¬das de interés social cofinanciadas con recursos públicos, otorgadas a las empresas Urbica SA de CV y Ser¬vicios Urbica SA de CV, ambas reco¬nocidas públicamente como propie¬dad de los hijos de la señora Sahagún, pese a la negativa del gobierno cardenista a entregar la información respectiva. Según la comisión investigadora, los hermanos Bribiesca habrían reci¬bido, por intermediación del gobierno local, facilidades para la creación de complejos habitacionales en Morelia y dos ciudades más.
Hildebrando michoacano
Un contrato de obra pública de la Se¬cretaría de Gobierno de Michoacán, signado por el director general del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del estado, José Carrillo García, consigna la entrega de poco más de 6 millones de pesos a la em¬presa Hildebrando SA de CV, para la “digitalización y captura de actas del Registro Civil-Fase 2”.
La licitación CADPE-EM-LPN-OO4/2005, firmada también por el director del Registro Civil, Ignacio Mendoza Jiménez, establece que el plazo programado de entrega es de 22 semanas, al término de los cuales se podrá “revisar una prórroga”.
La Subdirección Técnica Ope¬rativa del Comité señala, además, que “las bases establecen condi¬ciones negociables favorables a los licitantes”.En su página de internet, la empre¬sa de la que es accionista Margarita Zavala ubica el trabajo en el Registro Civil michoacano como uno de sus “proyectos exitosos”.
El propio cuñado del aspirante pre¬sidencial panista públicamente utili¬zó su relación laboral con el gobierno michoacano para tratar de detener la avalancha de cuestionamientos so¬bre el enriquecimiento súbito de su empresa, en apenas tres años, tras la llegada de Calderón al primer círcu¬lo del gobierno federal.
El proyecto de la oficina michoacana, en total, implica la digitalización de más de 2 millones de actas registradas desde la década de los años 40 en esa entidad, y han par¬ticipado otras tres empresas en las distintas etapas. Sólo Hildebrando SA ha consegui¬do contratos superiores a los 3 millo¬nes de pesos.
Cárdenas Batel Perredista cooperador
La vinculación Cárdenas Batel y los distintos integrantes de la tribu panista datan desde la primera mitad de su sexenio, cuando el propio perredista invitó a Beatriz Sahagún, por instancia de la esposa del pre¬sidente Vicente Fox, a colaborar en su gobierno.
Lo hizo a través de un fideicomiso gubernamental que se convirtió en asociación civil, “Coopera con Michoacán”, constituida como órgano principal de la gestión cardenista para el combate a la marginación, la dotación de servicios en zonas de alta marginación y como institu¬ción “de engranaje” del tejido social en la entidad.
De acuerdo con el Informe Oficial del gobierno estatal 2003-2004, la asociación civil había recibido subsidios por 28 millones 661 mil 329 pesos al 25 de marzo de 2004, entregados a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo estatal, encabezada por Octavio Larios.
Esos recursos, entregados para la “conformación de sus redes de apo¬yo, programas de diversificación y fortalecimiento de estructura”, se repartieron entre Gastos de Opera¬ción (12 millones 700 mil) y Gastos de Inversión (10 millones), más otros 6 millones de pesos para “operacio¬nes diversas”.
Siempre al margen de la fiscalización, por ser una asociación civil, “Coopera con Michoacán” recibió casi 40 millones de pesos en 2005, más otros 28 millones en lo que va de este año.
Su sistema de operación, que al¬canza ya todos los municipios de la entidad, consiste en ofrecer pláticas de apoyo a las comunidades “para que sepan elegir el proyecto comu¬nitario que más les beneficie”. ¿Cómo gasta esos recursos la, hasta hace tres años, ama de casa zamorana? Se des¬conoce. Nadie puede fiscalizarla.
QUÉ CALLADITO... El Gobernador de Michoacán engrosa las filas de la empresa del cuñado incómodo.
Luís Guillermo Hernández
El gobierno izquierdista de Lázaro Cárdenas Batel financió, con más de 90 millones de pesos, los negocios fa¬miliares poco claros del cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala, y también a la poderosa fa¬milia de Marta Sahagún. Contratos de adjudicación directa, recursos para el combate a la pobreza y licitaciones sin oponentes han sido concedidos en los últimos tres años a las figuras del panismo por parte del único gobernador perredista que se ha rehusado a apoyar la candidatura presidencial de su propio partido. Tan sólo entre 2004 y 2006, el go¬bierno de Cárdenas Batel entregó a Hildebrando SA de CV una serie de contratos para la captura y digitalización de actas del Registro Civil de Michoacán, con sede en Morelia, por más de 9 millones de pesos, según consta en los contratos públicos de la Secretaría de Gobierno.
En ese mismo lapso, la Secretaría de Planeación y Desarrollo estatal financió, con más de 25 millones de pesos anuales, a la asociación civil “Coopera con Michoacán”, fundada y presidida por Beatriz Sahagún Ji¬ménez, hermana de la primera dama de México, quien incluso reconoció públicamente a Cárdenas Batel como “su amigo, el mejor goberna¬dor de México”.
Además, la comisión legislativa que investiga las empresas de los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún indaga licitaciones y adju¬dicaciones por más de 30 millones de pesos para construcción de vivien¬das de interés social cofinanciadas con recursos públicos, otorgadas a las empresas Urbica SA de CV y Ser¬vicios Urbica SA de CV, ambas reco¬nocidas públicamente como propie¬dad de los hijos de la señora Sahagún, pese a la negativa del gobierno cardenista a entregar la información respectiva. Según la comisión investigadora, los hermanos Bribiesca habrían reci¬bido, por intermediación del gobierno local, facilidades para la creación de complejos habitacionales en Morelia y dos ciudades más.
Hildebrando michoacano
Un contrato de obra pública de la Se¬cretaría de Gobierno de Michoacán, signado por el director general del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del estado, José Carrillo García, consigna la entrega de poco más de 6 millones de pesos a la em¬presa Hildebrando SA de CV, para la “digitalización y captura de actas del Registro Civil-Fase 2”.
La licitación CADPE-EM-LPN-OO4/2005, firmada también por el director del Registro Civil, Ignacio Mendoza Jiménez, establece que el plazo programado de entrega es de 22 semanas, al término de los cuales se podrá “revisar una prórroga”.
La Subdirección Técnica Ope¬rativa del Comité señala, además, que “las bases establecen condi¬ciones negociables favorables a los licitantes”.En su página de internet, la empre¬sa de la que es accionista Margarita Zavala ubica el trabajo en el Registro Civil michoacano como uno de sus “proyectos exitosos”.
El propio cuñado del aspirante pre¬sidencial panista públicamente utili¬zó su relación laboral con el gobierno michoacano para tratar de detener la avalancha de cuestionamientos so¬bre el enriquecimiento súbito de su empresa, en apenas tres años, tras la llegada de Calderón al primer círcu¬lo del gobierno federal.
El proyecto de la oficina michoacana, en total, implica la digitalización de más de 2 millones de actas registradas desde la década de los años 40 en esa entidad, y han par¬ticipado otras tres empresas en las distintas etapas. Sólo Hildebrando SA ha consegui¬do contratos superiores a los 3 millo¬nes de pesos.
Cárdenas Batel Perredista cooperador
La vinculación Cárdenas Batel y los distintos integrantes de la tribu panista datan desde la primera mitad de su sexenio, cuando el propio perredista invitó a Beatriz Sahagún, por instancia de la esposa del pre¬sidente Vicente Fox, a colaborar en su gobierno.
Lo hizo a través de un fideicomiso gubernamental que se convirtió en asociación civil, “Coopera con Michoacán”, constituida como órgano principal de la gestión cardenista para el combate a la marginación, la dotación de servicios en zonas de alta marginación y como institu¬ción “de engranaje” del tejido social en la entidad.
De acuerdo con el Informe Oficial del gobierno estatal 2003-2004, la asociación civil había recibido subsidios por 28 millones 661 mil 329 pesos al 25 de marzo de 2004, entregados a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo estatal, encabezada por Octavio Larios.
Esos recursos, entregados para la “conformación de sus redes de apo¬yo, programas de diversificación y fortalecimiento de estructura”, se repartieron entre Gastos de Opera¬ción (12 millones 700 mil) y Gastos de Inversión (10 millones), más otros 6 millones de pesos para “operacio¬nes diversas”.
Siempre al margen de la fiscalización, por ser una asociación civil, “Coopera con Michoacán” recibió casi 40 millones de pesos en 2005, más otros 28 millones en lo que va de este año.
Su sistema de operación, que al¬canza ya todos los municipios de la entidad, consiste en ofrecer pláticas de apoyo a las comunidades “para que sepan elegir el proyecto comu¬nitario que más les beneficie”. ¿Cómo gasta esos recursos la, hasta hace tres años, ama de casa zamorana? Se des¬conoce. Nadie puede fiscalizarla.
# posted by 
: 12:28 p.m.
: 12:28 p.m.
Sigue la mata dando. En lugar de enviar comentarios a favor de AMLO, defendiendo o explicando sus propuestas o desmintiendo las acusaciones aqui expuestas, los PGfilicos simplemente se limitan a atacar a Calderon o al dueño de este blog.
por que sera? Tan dificil es defender a AMLO?
saludos
por que sera? Tan dificil es defender a AMLO?
saludos
Lázaro Cárdenas Batel, RATA DE DOS PATAS
Saqueó Michoacán por mas de tres mil millones de pesos
El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel,
saquea las arcas de la entidad al otorgar contratos fantasmas
a la constructora Consorcio Industrial, empresa propiedad
de Félix Cantú Aguilar que defrauda al fisco, opera
ilegalmente y tiene suspensión de actividades.
Por cada contrato, Cárdenas Batel recibe una jugosa
comisión del 85 por ciento, a través de una ingeniosa
triangulación bancaria en la que la empresa se queda con
el 15 por ciento restante del dinero sin realizar ninguna
obra.
Lo saqueado hasta el momento por el mandatario
michoacano a la entidad que gobierna es de casi tres mil
millones de pesos, cifra que desvió de recursos destinados
a educación, seguridad y desarrollo social.
Parte del fraude y atraco a las arcas del gobierno de
Michoacán consiste en pagar millonarias sumas a la
constructora Consorcio Industrial por supuestas obras
que realiza y que en realidad son hechas por el gobierno
Federal, es decir la compañía de Cantú Aguilar las hace
suyas sin meter las manos.
De esta manera, Lázaro Cárdenas Batel, a quien le que quedan
escasos días como mandatario estatal, hace efectivo
aquello del “año de Hidalgo”, convierte al presupuesto
michoacano en su “caja chica” y se retira del cargo con
muchos millones de pesos, resultado de los ilícitos negocios
con la mencionada constructora.
La empresa constructora, propiedad de Félix Cantú
Aguilar, tiene en sus fraudulentas operaciones como
“cerebro” a su contador público Raúl Rosas Morales,
quien a su vez es protegido por los funcionarios de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Juan Hernández
y Víctor Manuel Reyes, quienes “tapan” las evasiones fiscales.
Por estos dos funcionarios y Rosas Morales es que
Consorcio Industrial, que agrupa a 20 empresas, sigue
operando, no obstante tener problemas legales por evadir
al fisco y la suspensión de actividades presentada ante la SHCP.
Por su carácter al margen de la ley, la totalidad de los
contratos que consiguen los “venden” a otras compañías.
A pesar de su carácter ilegal, la empresa propiedad de
Cantú Aguilar sigue operando y prueba de ello son los
contratos que de manera ilícita le otorgó el gobernador de
Michoacán –unomásuno tiene pruebas en su poder—,
quien a cambio se benefició con varios millones de pesos Sin embargo,
Consorcio Internacional no paga el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por consiguiente el
Impuesto a la Renta, lo que constituye un grave delito
en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y del gobierno Federal mismo.
En otra negociación ilegal, el gobierno del
Distrito Federal le otorgó a la empresa una serie de
contratos para obras, tras ganar un concurso,
según trascendió. Lo insólito de todo esto, al igual
que como ocurrió en Michoacán, es que Consorcio
Industrial no tiene maquinaria para realizar los
trabajos.
Lo mismo ocurrió con la paraestatal Petróleos
Mexicanos que le concedió contratos por 2 millones de
dólares y 21 millones de pesos.
TRIANGULAN Y “LAVAN” DINERO
Para que el gobernador de Michoacán, Lázaro
Cárdenas Batel y la empresa de Félix Cantú Aguilar
reciban las millonarias sumas saqueadas a las arcas
del gobierno michoacano, utilizan
una ingeniosa triangulación
en la que el dinero es “lavado”
o “blanqueado”.
La triangulación consiste en
que el dinero propiedad del
gobierno del estado que se paga al Consorcio industrial
por las supuestas obras, es depositado en
Interacciones que a su vez las devuelve a las cuentas
personales del mandatario, del propietario de la compañía
y al gobierno local.
Se sabe que incluso hay cuentas en el extranjero y
que algunas de ellas están firmadas por familiares,
como Gabriel Cárdenas Cornish, primo hermano del
mandatario.
AMISTAD CARDENAS-CANTU
La relación entre el gobernador de Michoacán,
Lázaro Cárdenas Batel y el propietario de Consorcio
Internacional, Félix Cantú Aguilar, data desde la juventud
de sus padres, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y
Félix Cantú Ayala.
Al respecto, cabe destacar que Cantú Ayala tiene
cuentas pendientes con la justicia por burlar al fisco y
actualmente está prófugo, según se sabe.
Es precisamente por la amistad de sus padres que
Cárdenas Batel en complicidad con Cantú Aguilar
idean el desfalco al gobierno del estado de
Michoacán.
La empresa Consorcio Industrial S.A. de C.V. formaliza
con el estado de Michoacán sus contratos el 4 de
junio de 2004.
Sobre el aviso de suspensión de operaciones, esta
sucede el 19 de junio de 2006.
CARDENAS DEBE SER INVESTIGADO
Sobre el desfalco a las arcas del gobierno de
Michoacán, gente que conoce el asunto demanda que
se investigue a Lázaro Cárdenas Batel por el presunto
ilícito antes mencionado.
Señalan que el todavía gobernador hizo efectivo el
“Año de Hidalgo” al apoderarse de esta manera de
varios millones de pesos que eran para educación,
seguridad y desarrollo social.
Piden que el gobernador electo, Leonel Godoy inicie su
Gestión con una auditoria para que, de haber responsabilidades,
se haga justicia.
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Saqueó Michoacán por mas de tres mil millones de pesos
El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel,
saquea las arcas de la entidad al otorgar contratos fantasmas
a la constructora Consorcio Industrial, empresa propiedad
de Félix Cantú Aguilar que defrauda al fisco, opera
ilegalmente y tiene suspensión de actividades.
Por cada contrato, Cárdenas Batel recibe una jugosa
comisión del 85 por ciento, a través de una ingeniosa
triangulación bancaria en la que la empresa se queda con
el 15 por ciento restante del dinero sin realizar ninguna
obra.
Lo saqueado hasta el momento por el mandatario
michoacano a la entidad que gobierna es de casi tres mil
millones de pesos, cifra que desvió de recursos destinados
a educación, seguridad y desarrollo social.
Parte del fraude y atraco a las arcas del gobierno de
Michoacán consiste en pagar millonarias sumas a la
constructora Consorcio Industrial por supuestas obras
que realiza y que en realidad son hechas por el gobierno
Federal, es decir la compañía de Cantú Aguilar las hace
suyas sin meter las manos.
De esta manera, Lázaro Cárdenas Batel, a quien le que quedan
escasos días como mandatario estatal, hace efectivo
aquello del “año de Hidalgo”, convierte al presupuesto
michoacano en su “caja chica” y se retira del cargo con
muchos millones de pesos, resultado de los ilícitos negocios
con la mencionada constructora.
La empresa constructora, propiedad de Félix Cantú
Aguilar, tiene en sus fraudulentas operaciones como
“cerebro” a su contador público Raúl Rosas Morales,
quien a su vez es protegido por los funcionarios de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Juan Hernández
y Víctor Manuel Reyes, quienes “tapan” las evasiones fiscales.
Por estos dos funcionarios y Rosas Morales es que
Consorcio Industrial, que agrupa a 20 empresas, sigue
operando, no obstante tener problemas legales por evadir
al fisco y la suspensión de actividades presentada ante la SHCP.
Por su carácter al margen de la ley, la totalidad de los
contratos que consiguen los “venden” a otras compañías.
A pesar de su carácter ilegal, la empresa propiedad de
Cantú Aguilar sigue operando y prueba de ello son los
contratos que de manera ilícita le otorgó el gobernador de
Michoacán –unomásuno tiene pruebas en su poder—,
quien a cambio se benefició con varios millones de pesos Sin embargo,
Consorcio Internacional no paga el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por consiguiente el
Impuesto a la Renta, lo que constituye un grave delito
en perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y del gobierno Federal mismo.
En otra negociación ilegal, el gobierno del
Distrito Federal le otorgó a la empresa una serie de
contratos para obras, tras ganar un concurso,
según trascendió. Lo insólito de todo esto, al igual
que como ocurrió en Michoacán, es que Consorcio
Industrial no tiene maquinaria para realizar los
trabajos.
Lo mismo ocurrió con la paraestatal Petróleos
Mexicanos que le concedió contratos por 2 millones de
dólares y 21 millones de pesos.
TRIANGULAN Y “LAVAN” DINERO
Para que el gobernador de Michoacán, Lázaro
Cárdenas Batel y la empresa de Félix Cantú Aguilar
reciban las millonarias sumas saqueadas a las arcas
del gobierno michoacano, utilizan
una ingeniosa triangulación
en la que el dinero es “lavado”
o “blanqueado”.
La triangulación consiste en
que el dinero propiedad del
gobierno del estado que se paga al Consorcio industrial
por las supuestas obras, es depositado en
Interacciones que a su vez las devuelve a las cuentas
personales del mandatario, del propietario de la compañía
y al gobierno local.
Se sabe que incluso hay cuentas en el extranjero y
que algunas de ellas están firmadas por familiares,
como Gabriel Cárdenas Cornish, primo hermano del
mandatario.
AMISTAD CARDENAS-CANTU
La relación entre el gobernador de Michoacán,
Lázaro Cárdenas Batel y el propietario de Consorcio
Internacional, Félix Cantú Aguilar, data desde la juventud
de sus padres, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y
Félix Cantú Ayala.
Al respecto, cabe destacar que Cantú Ayala tiene
cuentas pendientes con la justicia por burlar al fisco y
actualmente está prófugo, según se sabe.
Es precisamente por la amistad de sus padres que
Cárdenas Batel en complicidad con Cantú Aguilar
idean el desfalco al gobierno del estado de
Michoacán.
La empresa Consorcio Industrial S.A. de C.V. formaliza
con el estado de Michoacán sus contratos el 4 de
junio de 2004.
Sobre el aviso de suspensión de operaciones, esta
sucede el 19 de junio de 2006.
CARDENAS DEBE SER INVESTIGADO
Sobre el desfalco a las arcas del gobierno de
Michoacán, gente que conoce el asunto demanda que
se investigue a Lázaro Cárdenas Batel por el presunto
ilícito antes mencionado.
Señalan que el todavía gobernador hizo efectivo el
“Año de Hidalgo” al apoderarse de esta manera de
varios millones de pesos que eran para educación,
seguridad y desarrollo social.
Piden que el gobernador electo, Leonel Godoy inicie su
Gestión con una auditoria para que, de haber responsabilidades,
se haga justicia.
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