martes, noviembre 13, 2007
¿Y dónde están los consumidores?
(12 noviembre 2007).- Una de las diferencias que hay entre los países del primer mundo y los del tercero es la actitud y la fuerza de los consumidores.
En las naciones desarrolladas, los consumidores tienen organizaciones poderosas y sus intereses están representados de manera directa en casi todos los foros públicos.
Los organismos reguladores del Estado piensan en primera instancia en los intereses de los consumidores y sólo después en los de los proveedores de los servicios.
En naciones como México, las cosas están al revés.
Los organizados e influyentes son los productores. Cuando el Gobierno o las representaciones oficiales no apoyan a los productores organizados, éstos los califican prácticamente como enemigos de la patria.
Para que podamos decir que nuestro País ya se convirtió en una nación desarrollada, uno de los signos será la influencia que tengan los consumidores organizados en las decisiones de políticas públicas.
Ya le comentamos alguna vez el ejemplo de la historia detrás de la nueva apertura que tendremos al vencer la "cláusula de paz" que México obtuvo de China para avalar su ingreso a la OMC.
La posibilidad de que los productos chinos ingresen con cuotas antidumping menores a las actuales -o incluso sin ellas- ha provocado que los productores de los sectores industriales afectados hagan todo un esfuerzo para buscar que la protección se extienda.
¿Dónde están las organizaciones de consumidores que reclamen lo opuesto y que pidan que México elimine inmediatamente las cuotas antidumping para tener más opciones de compra a menor precio?
Ya espero una buena oleada de críticas por estar sugiriendo que México se abra más sin pedir nada a cambio, aunque con una medida de este tipo, usualmente gane el consumidor.
Si las políticas públicas se elaboraran escuchando tanto las voces de los productores como las de los consumidores, tendríamos un mayor equilibrio en las decisiones.
Obviamente no se puede ignorar a los productores, pero las políticas públicas no pueden pensar exclusivamente en respaldarlos como si fueran los únicos agentes económicos existentes.
Para que una economía de mercado funcione eficientemente, se requieren consumidores informados y con capacidad de decisión.
Si, por ejemplo, un producto tiene mala calidad o un precio excesivo, el poder del consumidor debe tener capacidad para sacarlo del mercado, o para que su precio baje o su calidad aumente.
Si el mercado no es capaz de lograr que eso pase, sea porque no hay opciones o porque el consumidor no tenga la capacidad o la información necesarias, entonces, toda la economía sufre de deficiencias. El sistema de precios deja de funcionar adecuadamente y los recursos de la sociedad no se asignan de la mejor forma.
En ese caso es crucial la existencia de reguladores robustos e imparciales que tengan el poder necesario para obligar a los proveedores, sean empresas privadas o públicas, a comportarse como si hubiera realmente un fuerte condicionamiento de los consumidores.
¿Alguien imagina -por ejemplo- a la CRE poniéndole el alto a Pemex o a la CFE?
En México se conjuga un consumidor desinformado con reguladores limitados en su poder.
La existencia misma de una Procuraduría de Defensa del Consumidor, que es un organismo del Estado que tutela los derechos de los consumidores, es la muestra más evidente de que la legislación mexicana considera que los consumidores mexicanos no estamos habilitados para defendernos por nosotros mismos.
Y se hace un círculo vicioso, pues la falta de presencia de los consumidores organizados a lo largo de los años ha impedido la creación de un marco jurídico que permita una adecuada defensa de sus derechos.
Las acciones colectivas (como las emprendidas en países desarrollados contra la industria tabacalera), con todo y lo controversiales que puedan ser, son esenciales para la defensa de los consumidores, pero no tienen un marco jurídico para que en México funcionen correctamente, pues sólo pueden ser emprendidas por la Profeco.
Por este cuadro es que resulta relevante el que en el plazo de pocas semanas empiecen a funcionar listas que protegen a los consumidores de la inoportuna promoción telefónica que casi todos hemos padecido de bancos, compañías telefónicas u otros proveedores de bienes y servicios.
La clave, sin embargo, está en el cambio de actitudes de nosotros como consumidores.
Mientras seamos pasivos y poco exigentes no van a funcionar los cambios institucionales que puedan emprenderse.
Por lo pronto, habrá que hacer uso de los instrumentos que hay para evitar recibir una llamada un domingo a las seis de la mañana... promoviendo un paquete vacacional, para que podamos descansar sin intromisiones.
Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com
En las naciones desarrolladas, los consumidores tienen organizaciones poderosas y sus intereses están representados de manera directa en casi todos los foros públicos.
Los organismos reguladores del Estado piensan en primera instancia en los intereses de los consumidores y sólo después en los de los proveedores de los servicios.
En naciones como México, las cosas están al revés.
Los organizados e influyentes son los productores. Cuando el Gobierno o las representaciones oficiales no apoyan a los productores organizados, éstos los califican prácticamente como enemigos de la patria.
Para que podamos decir que nuestro País ya se convirtió en una nación desarrollada, uno de los signos será la influencia que tengan los consumidores organizados en las decisiones de políticas públicas.
Ya le comentamos alguna vez el ejemplo de la historia detrás de la nueva apertura que tendremos al vencer la "cláusula de paz" que México obtuvo de China para avalar su ingreso a la OMC.
La posibilidad de que los productos chinos ingresen con cuotas antidumping menores a las actuales -o incluso sin ellas- ha provocado que los productores de los sectores industriales afectados hagan todo un esfuerzo para buscar que la protección se extienda.
¿Dónde están las organizaciones de consumidores que reclamen lo opuesto y que pidan que México elimine inmediatamente las cuotas antidumping para tener más opciones de compra a menor precio?
Ya espero una buena oleada de críticas por estar sugiriendo que México se abra más sin pedir nada a cambio, aunque con una medida de este tipo, usualmente gane el consumidor.
Si las políticas públicas se elaboraran escuchando tanto las voces de los productores como las de los consumidores, tendríamos un mayor equilibrio en las decisiones.
Obviamente no se puede ignorar a los productores, pero las políticas públicas no pueden pensar exclusivamente en respaldarlos como si fueran los únicos agentes económicos existentes.
Para que una economía de mercado funcione eficientemente, se requieren consumidores informados y con capacidad de decisión.
Si, por ejemplo, un producto tiene mala calidad o un precio excesivo, el poder del consumidor debe tener capacidad para sacarlo del mercado, o para que su precio baje o su calidad aumente.
Si el mercado no es capaz de lograr que eso pase, sea porque no hay opciones o porque el consumidor no tenga la capacidad o la información necesarias, entonces, toda la economía sufre de deficiencias. El sistema de precios deja de funcionar adecuadamente y los recursos de la sociedad no se asignan de la mejor forma.
En ese caso es crucial la existencia de reguladores robustos e imparciales que tengan el poder necesario para obligar a los proveedores, sean empresas privadas o públicas, a comportarse como si hubiera realmente un fuerte condicionamiento de los consumidores.
¿Alguien imagina -por ejemplo- a la CRE poniéndole el alto a Pemex o a la CFE?
En México se conjuga un consumidor desinformado con reguladores limitados en su poder.
La existencia misma de una Procuraduría de Defensa del Consumidor, que es un organismo del Estado que tutela los derechos de los consumidores, es la muestra más evidente de que la legislación mexicana considera que los consumidores mexicanos no estamos habilitados para defendernos por nosotros mismos.
Y se hace un círculo vicioso, pues la falta de presencia de los consumidores organizados a lo largo de los años ha impedido la creación de un marco jurídico que permita una adecuada defensa de sus derechos.
Las acciones colectivas (como las emprendidas en países desarrollados contra la industria tabacalera), con todo y lo controversiales que puedan ser, son esenciales para la defensa de los consumidores, pero no tienen un marco jurídico para que en México funcionen correctamente, pues sólo pueden ser emprendidas por la Profeco.
Por este cuadro es que resulta relevante el que en el plazo de pocas semanas empiecen a funcionar listas que protegen a los consumidores de la inoportuna promoción telefónica que casi todos hemos padecido de bancos, compañías telefónicas u otros proveedores de bienes y servicios.
La clave, sin embargo, está en el cambio de actitudes de nosotros como consumidores.
Mientras seamos pasivos y poco exigentes no van a funcionar los cambios institucionales que puedan emprenderse.
Por lo pronto, habrá que hacer uso de los instrumentos que hay para evitar recibir una llamada un domingo a las seis de la mañana... promoviendo un paquete vacacional, para que podamos descansar sin intromisiones.
Enrique Quintana
enrique.quintana@reforma.com
Etiquetas: consumidor, demagogia, economia, pobreza, populismo, productor, riqueza
