sábado, enero 16, 2021
La exoneración del general
La exoneración del General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Este desenlace en el caso deja entrever quién ostenta el verdadero poder en México y da mucho de qué hablar sobre la relación de subordinación entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Quién se subordina a quién aún está en tela de duda.
El Ejército ha sido uno de los grupos de poder más favorecidos durante esta Administración, pues, en palabras del Presidente López Obrador, a sus ojos los que lo integran son "incorruptibles".
Aún así, recordemos, el año pasado se dio a conocer el desvío de 156 millones de dólares por parte de militares entre el 2013 y el 2019.
Sin embargo, el Gobierno actual ha expandido considerablemente la cartera de operaciones que realiza esta institución y les ha otorgado contratos de construcción de obras a gran escala, como aeropuertos, trenes, bancos entre otras.
De facto, el Ejército se volvió el constructor del Presidente.
El porqué se le ha dado tantos contratos de obra pública -lo que se traducen en miles de millones de pesos- al Ejército es un hecho ya cuestionado. Hay quienes afirman que estos contratos son para mantenerlos en línea.
La detención de Cienfuegos fue llevada a cabo en Los Ángeles por órdenes de la DEA en octubre pasado tras una investigación que llevaba más de una década y que culminó con una orden de arresto por cargos de narcotráfico.
Esto fue algo devastador para el Ejército. Las Fuerzas Armadas se sintieron desprotegidas al ser públicamente despojadas de la impunidad que gozaban, lo que hizo que los militares presionaran al Ejecutivo para usar la fuerza del Estado para buscar la extradición del ex Secretario y que enfrente la justicia mexicana.
Posteriormente, y en un acto tan cuestionado como sin precedentes, el General fue devuelto a territorio nacional bajo la justificación del Gobierno de que para México sería suicida no juzgarlo.
Analistas argumentaron que solicitar la devolución de Cienfuegos generaría problemas para el Gobierno mexicano, ya que no sólo sería un punto crítico en su política anticorrupción y su credibilidad, sino que la relación en materia de seguridad bilateral se pondría en riesgo.
Esto especialmente tras la amenaza de limitar la actuación de la DEA en territorio mexicano si Cienfuegos no era devuelto. Un alto costo que nos hace preguntarnos, ¿qué presiones hubo detrás de la inusual solicitud para conseguir el retorno del General?
Quizá de una forma un tanto ilusa, esperábamos una investigación y un juicio. Evidentemente esto no sucedió y bajo la excusa de una supuesta "falta de evidencia" se exoneró al ex Secretario.
Y si bien cabe la remota posibilidad de la inocencia de Cienfuegos, ésta hubiese sido una magnífica oportunidad para llevar a cabo un juicio imparcial, riguroso y ejemplar en el que se argumente dicha inocencia.
Sin ese juicio se desvaneció cualquier credibilidad de una presunta inocencia, así como la supuesta autonomía de la FGR. Esto da un duro golpe a la lucha contra la impunidad en México.
Los costos de esta situación para el Gobierno serán muy altos, pues al no buscar una acción penal por "falta de evidencias" se pone en tela de juicio la credibilidad, la lucha anticorrupción y el discurso moralizante del Gobierno.
Si bien la presión por parte del Ejército debió ser inmensa, esto es sólo una consecuencia más del creciente poder que se le ha dado a los militares por parte de esta Administración y hace que nos preguntemos sobre cuáles son los verdaderas intenciones y alcances de la llamada lucha contra la corrupción.
Especialmente hace que nos preguntemos sobre quién realmente se subordina a quién en la dinámica entre el Presidente y el Ejército. Ya se dejó entrever cuál es el verdadero poder tras la silla presidencial.
Adrián Marcelo Herrera Navarro
