viernes, noviembre 13, 2020
El prohibicionista
"Puedo contratar a la mitad de la clase trabajadora para matar a la otra mitad". Jay Gould
Para un Presidente que cita constantemente la frase "Prohibido prohibir", Andrés Manuel López Obrador ha resultado ser un entusiasta prohibicionista. Lo ratifica con la iniciativa para proscribir la subcontratación de personal. Como todas las prohibiciones, ésta tendrá efectos inhibitorios y distorsionantes, y al final destruirá muchos empleos formales.
La iniciativa que ayer en la mañanera firmó el Presidente, en compañía de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y otros funcionarios, es producto de un mal diagnóstico sobre problemas reales del mercado laboral.
El Gobierno señala en una presentación sobre el tema que algunos trabajadores son registrados en la seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben, lo cual afecta sus pensiones y fondo de vivienda.
La consecuencia es que reciben menores liquidaciones e indemnizaciones por despidos, licencias o incapacidades; tienen una menor estabilidad laboral, pocas posibilidades de sindicalizarse, y menor reparto de utilidades y antigüedad laboral.
El Presidente argumenta, además, que la caída estacional del empleo formal en diciembre es producto de la subcontratación (lo cual es, cuando menos, cuestionable) y sostiene que ésta provoca evasión fiscal y de cuotas al IMSS y el Infonavit.
La presentación de la iniciativa afirma que en la reforma laboral de 2012 "se introdujo la figura de la subcontratación laboral con restricciones que no funcionaron". ¿Por qué no funcionaron? Porque aumentó el número de trabajadores con empleos formales bajo este régimen, de 3 millones en 2013 a 4.6 millones en 2018. Es la primera vez que escucho que generar empleos formales es un fracaso.
Con estos razonamientos, el Gobierno está impulsando reformas a distintas leyes para prohibir la subcontratación de personal, "que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra".
La nueva legislación permitiría la subcontratación de servicios especializados, pero sólo tras una autorización de la Secretaría del Trabajo y el registro en un padrón público. También permitiría el trabajo de las agencias de colocación, pero sin que puedan ser patrones del personal que colocan.
El diagnóstico del Gobierno es equivocado, en primer lugar, porque el régimen de subcontratación es una consecuencia de la falta de flexibilidad de la legislación laboral. La iniciativa, lejos de resolver el problema, lo agrava.
En un mercado que cambia con velocidad creciente, la ley obligará a las empresas a tener plantillas permanentes, aunque no las usen. Si una compañía tiene la oportunidad de conseguir un contrato temporal, no podrá asumirlo ante el temor de quedarse con personal excedente de manera permanente.
El subregistro de sueldos ante el IMSS y el Infonavit, por otra parte, no es un problema exclusivo de las subcontratistas. Muchas empresas reportan sueldos inferiores a los que realmente pagan. La práctica está penada, pero a nadie se le ocurre que la solución sea prohibir la contratación de trabajadores.
Alguien en el Gobierno ha tenido la brillante idea de que esto debe hacerse con la subcontratación. Nadie se atreve a advertirle al Presidente que la prohibición acabará con empleos, promoverá una mayor informalidad y volverá menos competitivas a las empresas mexicanas. Es el costo de tener funcionarios sin conocimiento de sus temas.
Sergio Sarmiento
