domingo, noviembre 15, 2020
Prioridades
A pesar de que el crimen organizado se encuentra en expansión, la prioridad del gobierno es la presunta actividad ilícita de los empresarios. Ahora es el turno de la subcontratación o outsourcing.
Celebro castigar a quienes usan este recurso para pagar menos impuestos o dejar sin derechos a los trabajadores. Sin embargo, como tantas veces en este gobierno, para curar la uña infectada, mejor amputar toda la pierna.
El outsourcing existe en todos los países para darle flexibilidad al mercado laboral. Se contratan a través de terceros desde trabajadores de servicio de limpieza hasta personal temporal. Las empresas serias que proveen estos servicios cumplen con todas sus obligaciones fiscales y laborales.
La propuesta de ley del Ejecutivo es tan estricta y tiene tantas ambigüedades, que para fines prácticos puede erradicar el outsourcing. Un costo más que pondrá en riesgo la liquidez de las empresas y su capacidad para invertir en el futuro. Mientras en el mundo se piensa cómo estimular la creación de empleo formal, aquí se ponen más piedras en el camino. Si la reforma pasa como fue presentada, caerá el empleo formal.
La reforma equipara el outsourcing ilegal con el crimen organizado. Esto permite meter a la cárcel al responsable del presunto crimen mientras se le juzga por dicho delito. Es la llamada prisión preventiva oficiosa.
Tal figura es propia de un sistema autoritario. Fue el eje del sistema penal durante la hegemonía priista. A partir de 2008 se modificó el sistema para que la presunción de inocencia no fuera una mera figura retórica, sino un verdadero derecho. Así, como en todos los países democráticos, un presunto delincuente puede llevar su proceso en libertad, salvo cuando haya riesgo de fuga o de daño a terceros, según un juez. Éste es el espíritu de nuestra Constitución.
En contra de ese espíritu, desde el 2019 se fue ampliando el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Acá, como en casi todos los frentes, vamos rumbo al pasado. Por ello se están llenando las cárceles de individuos que no han sido juzgados.
Esto es grave en sí mismo. Peor en un contexto en el que el Presidente amenaza por presunto fraude fiscal a quienes aportan a organizaciones de la sociedad civil, como lo hizo contra quienes donan recursos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad el lunes pasado. La presunta evasión fiscal se puede convertir en un instrumento de control político propio de un régimen autoritario.
El año pasado ya se había equiparado el fraude fiscal al crimen organizado. Hay muchos recursos legales en contra de la constitucionalidad de esta ley. Urge que la Suprema Corte determine si equiparar delitos viola nuestro marco constitucional.
El gobierno hace uso selectivo de la ley. Emilio Lozoya está en prisión domiciliaria, aunque nadie lo ha visto y Rosario Robles en la cárcel. Se ensañan contra la revista Nexos por un presunto error administrativo, pero la UIF exonera sin más al hermano del Presidente que todos vimos en videos recibiendo dinero en efectivo y describiendo el método para recaudar esos fondos.
Cobrar impuestos es el arte de extraer la mayor cantidad de recursos sin espantar la inversión. Pero a este gobierno no le importa la inversión privada. Su objetivo hoy parece ser sólo recaudar. No le importa si mañana el pastel se hace más pequeño.
Empresarios debilitados y asustados estarán menos dispuestos a participar en la vida política y a donar recursos a instituciones de la sociedad civil. Además, los informales y los pobres son la clientela electoral natural del gobierno actual. Parece que todo lo que dañe el crecimiento económico le viene como anillo al dedo. Mientras tanto, el crimen organizado está ampliando sus negocios y vive tranquilo porque a este gobierno no parecen preocuparle las atrocidades que comete.
Carlos Elizondo Mayer-Serra
