domingo, noviembre 30, 2014

 

Estado y crimen

El crimen organizado sólo puede existir como estructura política. Su máxima ambición es convertirse en Estado: tener un territorio donde impere como único dueño de la violencia y cobre impuestos.

No acepta la intervención externa. Los otros grupos criminales tienen que respetar las fronteras negociadas o enfrentarse a la guerra, que es la continuación por otros medios de sus relaciones exteriores.

Tampoco acepta el crimen independiente. Ofende su soberanía.

En la tradición del derecho romano, la verdadera víctima de un crimen es el Estado, porque nadie más tiene derecho a matar. Por eso, los Estados tardaron siglos en atender a las víctimas: meros daños colaterales de la ofensa capital.

Hobbes arguyó que la vida expuesta a todos los que llegan, roban, matan y se van es "solitary, poor, nasty, brutish and short" ("Leviathan"). Que es mejor someterse a uno solo que nos perdone la vida y nos proteja de los que andan sueltos. Y que eso funda el contrato social. Garantizar la seguridad de la población no es uno de los servicios del Estado: es su razón de ser.

En el Neolítico, en los primeros asentamientos humanos, los pobladores se enfrentaban a bandas nómadas de recolectores y cazadores que llegaban a despojarlos.

Los líderes naturales organizaban la defensa: un Estado que se armaba cuando hacía falta y se desarmaba al pasar el peligro. Tanto los líderes como los demás vecinos volvían a sus ocupaciones normales, de las cuales vivían.

Pero algunos líderes disfrutaban tanto la experiencia de mandar que decidieron dedicarse a la protección a tiempo completo y vivir de eso. No hubo quién pudiera defenderse de los defensores, y así se estableció finalmente el Estado estable.

México vivió situaciones hobbesianas (de inseguridad general y guerra de todos contra todos) en dos procesos históricos: la Independencia y la Revolución. Muy lentamente, fueron superadas por un Capo Máximo que integró a los autónomos en un monopolio nacional del crimen, y lo administró con prudencia.

La dictadura de Porfirio Díaz y la dictablanda de los Presidentes del PRI acabaron con las armas fuera del poder central, con la moneda fuera del banco central y con los contactos exteriores sin permiso central.

Superaron la violencia por medio de la corrupción, organizada como un mercado nacional de la extorsión con franquicias locales. Las otorgaron bajo el principio constitucional del Estado de chueco: el queso se reparte desde arriba, los aspirantes hacen cola y aceptan sin patalear lo que les toque.

La paz, el orden y el progreso, así como la mansedumbre de la cola aspirante a más, lograron un consenso que favoreció la estabilidad. Con excepción de algunos místicos del voto, el sistema político mexicano tuvo aceptación interna y externa. El Supremo Dador era el jefe del Estado, del Gobierno y del negocio. Llegó a ser como Dios: omnipotente, generoso y sabio; creador de todo y responsable de nada.

El sistema produjo avances, y la población llegó a creerse los mitos oficiales hasta el punto de tomarlos en serio y exigirlos.

La inocencia llegó al extremo de que, en 1968, los jóvenes que recibían educación superior gratuita exigieron castigo a un abuso de las autoridades. Peor aún: exigieron diálogo público. La respuesta criminal del Estado hizo despertar a la conciencia pública. Acabó el consenso. El tejido político empezó a destejerse.

Luis Echeverría (1970-1976) quiso restaurarlo a la antigua usanza: con carretadas de dinero a las universidades, más becas y puestos a los jóvenes universitarios. Además, inauguró una nueva usanza de apertura progresista. Pero su solución, en vez de restaurar el consenso, arruinó la economía.

Miguel de la Madrid (1982-1988) no vio las consecuencias políticas de abrir la economía: abrirla también a las trasnacionales del crimen, dadoras de queso no sujeto al Supremo Dador. El crimen se descentralizó. Las ambiciones políticas se desataron: tuvieron recursos independientes del poder central.

Finalmente, el País parece retroceder al mundo hobbesiano que había dejado atrás. Como si la Democracia fuese un tercer proceso histórico desquiciante, análogo a la Independencia y la Revolución.

Con todo, hay avances. Antes, las autoridades robaban, secuestraban y mataban, aunque no se sabía. Hoy se sabe, aunque no se castiga.

Con toda razón, los ciudadanos claman por un Estado de derecho que supere al Estado de chueco. Pero ¿cómo llegar a un Estado de derecho retrocediendo a donde ni siquiera hay Estado?

Gabriel Zaid


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