lunes, julio 30, 2012
¿Más Estado?
Los tiempos políticos que corren en México favorecen el regreso y la generalización de una serie de ideas que tiene un denominador común: el agrandamiento del Estado. Una de ellas consiste en atribuir todos los males económicos y sociales del país a la 'primacía del mercado' y al 'fracaso de las políticas neoliberales'. En consecuencia, se propone 'recuperar la capacidad del Estado como rector de la economía' y 'recuperar el sistema de planeación nacional'.
En este espacio reducido es imposible discutir la validez del planteamiento anterior. Sin embargo, 'los viejos de la aldea' -como yo- podemos recordar, con nitidez pesarosa -y con fundado escepticismo- que precisamente en la época en que el Estado mexicano se ocupó formalmente de regir y planear la economía (dadas las reformas constitucionales de 1983), ocurrieron algunas de las crisis más agudas de nuestra historia reciente.
En la rejuvenecida visión estatista, al gobierno se le asigna no sólo la función clásica de proveer los bienes y servicios públicos elementales como la seguridad y la justicia, sino también (con cierta resistencia) la de evitar la inflación y atenuar los ciclos. (En esto último, dicho sea de paso, sería suficiente con que los responsables se apegaran a una variante económica del juramento hipocrático: 'no hagas daño').
Empero, a juicio de los partidarios de 'un nuevo modelo de desarrollo económico y social', las tareas 'necesarias' no terminan con lo apuntado. Se quiere también (con entusiasmo) que el Estado se encargue de 'garantizar el acceso universal al aprendizaje, a la seguridad social, a medicamentos de calidad y bajo costo, al conjunto de bienes y servicios considerados como indispensables para el bienestar, como agua, drenaje, refrigerador, lavadora, computadora e Internet'. (Lo entrecomillado corresponde a una asombrosa cita literal).
Desde luego, el 'acceso universal' a todos los beneficios mencionados implicaría un costo fiscal muy significativo. Garantizar un ingreso mínimo, establecer un seguro de desempleo, generalizar las pensiones, etc., requeriría de un aumento de los ingresos gubernamentales equivalentes a varios puntos porcentuales del PIB (¿cinco, ocho?).
Quienes sugieren hacer efectivos los 'derechos sociales' existentes, y ampliarlos en el sentido referido, reconocen que para ello resultaría indispensable una reforma fiscal integral -uno de cuyos componentes sería, sin remedio, el incremento de los impuestos. A mi juicio, esta es una conclusión apresurada, por varias razones.
Primero, porque hasta ahora el Estado ha sido incapaz de desahogar con eficacia las obligaciones que ya tiene, empezando por la básica de proteger la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. En cuanto a la educación.... Si el gobierno no puede cumplir sus tareas primarias, parece imprudente asignarle más.
Segundo, porque el gasto público (que alcanza una cuarta parte del PIB) no se caracteriza precisamente por la congruencia de su composición o por la pulcritud de su ejercicio. Antes de aumentar la carga tributaria (sea ampliando la base o elevando las tasas) el gobierno necesita optimizar el uso de los recursos que ya dispone.
Tercero, porque en México los múltiples sistemas de seguridad social (en su sentido amplio) presentan una situación financiera crítica. Esto no es peculiar de nuestro país. En muchas economías avanzadas la colección de 'derechos sociales' que conforman el llamado 'Estado Bienestar' (Welfare State), se ha traducido en pasivos contingentes masivos, no financiados. A la luz de tales experiencias, en nuestro caso parece sensato examinar con mucho cuidado la asunción de nuevas cargas.
Cuarto, en muchos países las transferencias están diseñadas de tal manera que, efectivamente, después de ellas, la distribución del ingreso entre las familias es mejor que la original. Sin embargo, en México los apoyos en cuestión benefician en particular a la clase media. Recuerdo, por ejemplo, la conclusión de un estudio del Banco Mundial, según el cual la incidencia del gasto social es ligeramente regresiva o, en el mejor de los casos, neutral. Así pues, la prioridad debería ser una 'reingeniería' de los esquemas actuales, no la creación de nuevos mecanismos.
Nadie sabe cuál es tamaño óptimo del Estado en lo económico. Hay quienes lo ven como un agente que puede corregir las insuficiencias y los excesos de los mercados. Otros, piensan que los políticos, los burócratas y los grupos de interés quieren el poder para su propio beneficio. Ciertamente, la politización de las decisiones, el efecto depresivo de los impuestos y la rigidez de las instituciones pueden constituirse en obstáculos para el desarrollo.
Un Estado más fuerte no es lo mismo que un Estado más grande.
En este espacio reducido es imposible discutir la validez del planteamiento anterior. Sin embargo, 'los viejos de la aldea' -como yo- podemos recordar, con nitidez pesarosa -y con fundado escepticismo- que precisamente en la época en que el Estado mexicano se ocupó formalmente de regir y planear la economía (dadas las reformas constitucionales de 1983), ocurrieron algunas de las crisis más agudas de nuestra historia reciente.
En la rejuvenecida visión estatista, al gobierno se le asigna no sólo la función clásica de proveer los bienes y servicios públicos elementales como la seguridad y la justicia, sino también (con cierta resistencia) la de evitar la inflación y atenuar los ciclos. (En esto último, dicho sea de paso, sería suficiente con que los responsables se apegaran a una variante económica del juramento hipocrático: 'no hagas daño').
Empero, a juicio de los partidarios de 'un nuevo modelo de desarrollo económico y social', las tareas 'necesarias' no terminan con lo apuntado. Se quiere también (con entusiasmo) que el Estado se encargue de 'garantizar el acceso universal al aprendizaje, a la seguridad social, a medicamentos de calidad y bajo costo, al conjunto de bienes y servicios considerados como indispensables para el bienestar, como agua, drenaje, refrigerador, lavadora, computadora e Internet'. (Lo entrecomillado corresponde a una asombrosa cita literal).
Desde luego, el 'acceso universal' a todos los beneficios mencionados implicaría un costo fiscal muy significativo. Garantizar un ingreso mínimo, establecer un seguro de desempleo, generalizar las pensiones, etc., requeriría de un aumento de los ingresos gubernamentales equivalentes a varios puntos porcentuales del PIB (¿cinco, ocho?).
Quienes sugieren hacer efectivos los 'derechos sociales' existentes, y ampliarlos en el sentido referido, reconocen que para ello resultaría indispensable una reforma fiscal integral -uno de cuyos componentes sería, sin remedio, el incremento de los impuestos. A mi juicio, esta es una conclusión apresurada, por varias razones.
Primero, porque hasta ahora el Estado ha sido incapaz de desahogar con eficacia las obligaciones que ya tiene, empezando por la básica de proteger la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. En cuanto a la educación.... Si el gobierno no puede cumplir sus tareas primarias, parece imprudente asignarle más.
Segundo, porque el gasto público (que alcanza una cuarta parte del PIB) no se caracteriza precisamente por la congruencia de su composición o por la pulcritud de su ejercicio. Antes de aumentar la carga tributaria (sea ampliando la base o elevando las tasas) el gobierno necesita optimizar el uso de los recursos que ya dispone.
Tercero, porque en México los múltiples sistemas de seguridad social (en su sentido amplio) presentan una situación financiera crítica. Esto no es peculiar de nuestro país. En muchas economías avanzadas la colección de 'derechos sociales' que conforman el llamado 'Estado Bienestar' (Welfare State), se ha traducido en pasivos contingentes masivos, no financiados. A la luz de tales experiencias, en nuestro caso parece sensato examinar con mucho cuidado la asunción de nuevas cargas.
Cuarto, en muchos países las transferencias están diseñadas de tal manera que, efectivamente, después de ellas, la distribución del ingreso entre las familias es mejor que la original. Sin embargo, en México los apoyos en cuestión benefician en particular a la clase media. Recuerdo, por ejemplo, la conclusión de un estudio del Banco Mundial, según el cual la incidencia del gasto social es ligeramente regresiva o, en el mejor de los casos, neutral. Así pues, la prioridad debería ser una 'reingeniería' de los esquemas actuales, no la creación de nuevos mecanismos.
Nadie sabe cuál es tamaño óptimo del Estado en lo económico. Hay quienes lo ven como un agente que puede corregir las insuficiencias y los excesos de los mercados. Otros, piensan que los políticos, los burócratas y los grupos de interés quieren el poder para su propio beneficio. Ciertamente, la politización de las decisiones, el efecto depresivo de los impuestos y la rigidez de las instituciones pueden constituirse en obstáculos para el desarrollo.
Un Estado más fuerte no es lo mismo que un Estado más grande.
Everardo Elizondo
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Lo que México necesita no es un Estado más grande, sino más fuerte. De hecho el tamaño del Estado debería reducirse al mínimo al mismo tiempo que se aumenta su eficiencia y productividad (más con menos recursos), acabando con el dispendio y excesiva carga burocrática. Y sin duda el Estado Mexicano debe ser mucho más fuerte pero eso se logra con un pleno Estado de Derecho, donde se disminuya la impunidad y exista certeza jurídica para todas las personas por igual.
La Soberanía de un país, de un Estado, no aumenta con un Estado más obeso, con más propiedad de los medios de producción. La Soberanía aumenta con el control y certeza de las reglas del juego: Las Leyes.
