viernes, enero 09, 2009
Volver al pasado
La transición democrática mexicana se basó en la creación de un sistema electoral equitativo y creíble, capaz de terminar con la hegemonía de un partido de Estado como lo era el PRI. Cuando se habla del término "partido de Estado", se refiere a la capacidad de un instrumento político para fusionar en un solo órgano al partido y al Gobierno, de manera tal que no exista separación o autonomía en el funcionamiento común. La construcción de una institución como el IFE y su operación junto al Tribunal Electoral Federal abrieron la puerta a una contienda equilibrada que en el 2000 consiguió sacar al PRI de Los Pinos y con ello romper el sistema de partido único.
Sin embargo, la estructura legal e institucional del presidencialismo priista se mantuvo casi intacta, aunque ahora sin el poder absoluto del primer Mandatario, lo que creó un desorden en la interpretación jurídica de las diferentes instancias de Gobierno.
La proliferación de juicios de controversia constitucional, el mantenimiento de organizaciones sindicales corporativizadas y profundamente corruptas, y la pulverización del poder político en manos de gobernadores con un poder tal que se convirtieron prácticamente en dueños de sus estados, terminaron por reducir notablemente los márgenes de democratización del Estado mexicano.
Los seis años de Gobierno en manos de Vicente Fox, si bien representaron un cambio en términos del ejercicio del poder presidencial, no desmontaron el viejo andamiaje del corporativismo priista, sino que incluso éste sirvió de elemento de apoyo para un Presidente dispuesto a compartir su reducido mando con un priismo disminuido políticamente.
Y si el 2000 fue catastrófico para el PRI, el 2006 fue peor bajo el dominio de un Roberto Madrazo que hundió al partido en su peor crisis de credibilidad. Sin embargo, la maquinaria político-electoral priista en las distintas entidades federativas sigue funcionando de acuerdo con la capacidad del gobernador el turno.
El viejo aparato corporativo opera con efectividad, y más aún cuando se le suministran recursos multimillonarios que los gobernadores poseen y utilizan a discreción, sin que exista supervisión alguna por parte del Congreso federal. De ahí la reconstrucción del partido que en 2006 se desmoronaba.
Por supuesto que hay que otorgarle el crédito necesario al radicalismo perredista de López Obrador, quien con su negación de la política como instrumento de diálogo y negociación abrió el camino para que el electorado afín a la izquierda regresara al PRI como alternativa viable en el presente inmediato.
La popularidad mediática de Peña Nieto, la interlocución y capacidad de presión al Gobierno panista por parte de Beltrones y Gamboa, así como la efectividad política de la mayoría de sus gobernadores han hecho del PRI el potencial ganador de los comicios del próximo mes de julio, y con ello un serio aspirante a recuperar la Presidencia de la República en el 2012.
El problema con este posible retorno del PRI al poder no es sólo que la mayoría de sus dirigentes huelen al pasado autoritario que los llevó finalmente a la derrota, sino que la estructura, conductas y formas de hacer política del priismo nacional no han cambiado y por ello el temor de su regreso.
Y es que si los propios priistas no desmontaron su aparato corporativo cuando eran gobierno y los panistas decidieron convivir con esta anacrónica pero efectiva manera de ganar elecciones, entonces la democratización del país se quedó atorada en su fase final, que es la de la consolidación de instituciones democráticas a todos los niveles, y no solamente en la organización de elecciones. Además, el riesgo de que el narcotráfico se infiltre en el Congreso mismo y en otros niveles más altos de los que ya se encuentra, obliga a la democracia mexicana a renovarse con mayor rapidez y con mejores mecanismos de seguridad internos.
Si el fortalecimiento del PRI en las próximas elecciones no va ligado a una seria transformación de su forma de hacer política, el fantasma del retorno a un autoritarismo disfrazado de democracia, como el que vive hoy la Rusia de Putin y Medvedev, podría volverse realidad en unos cuantos años en nuestro país, tirando por la borda lo alcanzado hasta nuestros días. Tanto para el PAN como para el PRD, el temor de este eventual retroceso debería obligarlos a abandonar a sus extremos políticos que tanto daño les causan en todo sentido.
Sin embargo, la estructura legal e institucional del presidencialismo priista se mantuvo casi intacta, aunque ahora sin el poder absoluto del primer Mandatario, lo que creó un desorden en la interpretación jurídica de las diferentes instancias de Gobierno.
La proliferación de juicios de controversia constitucional, el mantenimiento de organizaciones sindicales corporativizadas y profundamente corruptas, y la pulverización del poder político en manos de gobernadores con un poder tal que se convirtieron prácticamente en dueños de sus estados, terminaron por reducir notablemente los márgenes de democratización del Estado mexicano.
Los seis años de Gobierno en manos de Vicente Fox, si bien representaron un cambio en términos del ejercicio del poder presidencial, no desmontaron el viejo andamiaje del corporativismo priista, sino que incluso éste sirvió de elemento de apoyo para un Presidente dispuesto a compartir su reducido mando con un priismo disminuido políticamente.
Y si el 2000 fue catastrófico para el PRI, el 2006 fue peor bajo el dominio de un Roberto Madrazo que hundió al partido en su peor crisis de credibilidad. Sin embargo, la maquinaria político-electoral priista en las distintas entidades federativas sigue funcionando de acuerdo con la capacidad del gobernador el turno.
El viejo aparato corporativo opera con efectividad, y más aún cuando se le suministran recursos multimillonarios que los gobernadores poseen y utilizan a discreción, sin que exista supervisión alguna por parte del Congreso federal. De ahí la reconstrucción del partido que en 2006 se desmoronaba.
Por supuesto que hay que otorgarle el crédito necesario al radicalismo perredista de López Obrador, quien con su negación de la política como instrumento de diálogo y negociación abrió el camino para que el electorado afín a la izquierda regresara al PRI como alternativa viable en el presente inmediato.
La popularidad mediática de Peña Nieto, la interlocución y capacidad de presión al Gobierno panista por parte de Beltrones y Gamboa, así como la efectividad política de la mayoría de sus gobernadores han hecho del PRI el potencial ganador de los comicios del próximo mes de julio, y con ello un serio aspirante a recuperar la Presidencia de la República en el 2012.
El problema con este posible retorno del PRI al poder no es sólo que la mayoría de sus dirigentes huelen al pasado autoritario que los llevó finalmente a la derrota, sino que la estructura, conductas y formas de hacer política del priismo nacional no han cambiado y por ello el temor de su regreso.
Y es que si los propios priistas no desmontaron su aparato corporativo cuando eran gobierno y los panistas decidieron convivir con esta anacrónica pero efectiva manera de ganar elecciones, entonces la democratización del país se quedó atorada en su fase final, que es la de la consolidación de instituciones democráticas a todos los niveles, y no solamente en la organización de elecciones. Además, el riesgo de que el narcotráfico se infiltre en el Congreso mismo y en otros niveles más altos de los que ya se encuentra, obliga a la democracia mexicana a renovarse con mayor rapidez y con mejores mecanismos de seguridad internos.
Si el fortalecimiento del PRI en las próximas elecciones no va ligado a una seria transformación de su forma de hacer política, el fantasma del retorno a un autoritarismo disfrazado de democracia, como el que vive hoy la Rusia de Putin y Medvedev, podría volverse realidad en unos cuantos años en nuestro país, tirando por la borda lo alcanzado hasta nuestros días. Tanto para el PAN como para el PRD, el temor de este eventual retroceso debería obligarlos a abandonar a sus extremos políticos que tanto daño les causan en todo sentido.
Ezra Shabot
