jueves, diciembre 07, 2006

 

No hubo quinazo: se trata de simples delincuentes

La detención de Flavio Sosa, el dirigente de la APPO que una vez en prisión ha negado tal condición pero ha preferido presentarse como lo que también es: miembro del consejo nacional del PRD, no puede considerarse, de ninguna manera, un equivalente al famoso quinazo, que en enero del 89 ejecutó el entonces presidente Carlos Salinas en contra de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, quien era un todopoderoso líder del sindicato petrolero que controlaba PEMEX en su beneficio y que había financiado las campañas sucias contra Salinas de Gortari.

El quinazo fue, en efecto, un golpe para demostrar poder. Fue también, para muchos, una suerte de venganza política, pero por sobre todas las cosas era una manera de romper con uno de los movimientos corporativistas más poderosos que había llegado a amenazar públicamente al presidente De la Madrid si se afectaban sus privilegios. La Quina, en los hechos, se había apropiado de PEMEX e incluso eso le había costado, años atrás, la dirección de la empresa a don Jesús Reyes Heroles, uno de los políticos más lúcidos de las últimas décadas y padre del recientemente designado director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles González Garza. Al detener a Hernández Galicia, el presidente Salinas envió muchos mensajes: desde que no aceptaría diluir el poder del Estado frente a poderes fácticos y corporativos hasta la recuperación del control de la empresa más importante de México, pasando por el desmantelamiento de la fuente de financiamiento ilícito de varios importantes frentes opositores.

La Quina era un personaje de notable poder. Flavio Sosa es un oportunista de baja estofa, que por alguna extraña razón no había sido detenido a pesar de contar con, por lo menos, cinco órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos. Un oscuro dirigente que en unos pocos años pasó por el perredismo; el foxismo; el apoyo incondicional al gobierno de José Murat; la creación de un partido fantasma, financiado por el gobierno de Oaxaca, para quitarle votos a la candidatura de Gabino Cué, llamado Unidad Popular. Con la llamada ala campesina trató de reventar a Alternativa socialdemócrata apoyando, en lugar de Patricia Mercado, al Doctor Simi. Ahora sabemos, gracias al propio Flavio y al muy hablador vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña que, mientras Sosa realizaba todas esas maromas políticas era, al mismo tiempo, dirigente del PRD y miembro de su consejo nacional. López Obrador, en consecuencia, ya ha ordenado a su partido encabezar la defensa legal de este personaje. De esa manera, el propio ex candidato se desmiente a sí mismo (o demuestra que una vez más mentía descaradamente) cuando había asegurado, antes de las elecciones, que su partido no tenía nada que ver con la APPO y sus dirigentes. Hoy sabemos, por él mismo, que no era así.

Comparar a Sosa con La Quina es un despropósito, pero más lo es comparar las razones de una y otra detención. En el caso de Flavio y los otros miembros de la APPO, estamos ante la ejecución de órdenes de aprehensión que tendrían que haber sido cumplimentadas desde tiempo atrás. La APPO se sustentó en demandas sentidas por buena parte de la sociedad oaxaqueña pero no es representativo de la misma: con el paso del tiempo, los distintos sectores sociales de la oposición democrática fueron desplazados por los grupos más radicales del magisterio y, luego éstos, a su vez, por dirigentes afines a grupos armados como el EPR. Su base de movilización pasó de ser el magisterio a una mezcla de miembros del CGH, el Frente Francisco Villa y otras organizaciones de superficie de la guerrilla sumados a lúmpenes sin ninguna expectativa política, que actuaron una y otra vez como provocadores. Sosa y estos grupos estuvieron al frente de la violenta movilización del 20 de noviembre que dejó, además de enormes daños materiales, 17 edificios históricos del centro de Oaxaca inutilizados. En la vorágine de violencia, como buen grupo de provocadores manipulables por otras fuerzas, quemaron los archivos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y las oficinas donde estaban todos los expedientes sobre utilización de recursos públicos del gobierno estatal en los últimos años, borrando así huellas claves para auditar los 95 mil millones de pesos en recursos públicos que las dos últimas administraciones oaxaqueñas no han permitido que fueran indagados por autoridades federales.

Flavio Sosa y los demás detenidos de la APPO simplemente cometieron innumerables delitos: existen pruebas ineludibles de la participación de la mayoría de ellos en los mismos: ahí están las fotos, las filmaciones del momento en que incendian oficinas, hoteles, restaurantes, negocios, cuando disparan con bazookas y molotovs caseras contra las fuerzas policiales. Se trata de simples delincuentes que deben ser juzgados y que si no lo fueron antes es porque durante demasiado tiempo, las autoridades federales se dejaron chantajear por todo tipo de grupos, que podían cometer cualquier delito y, finalmente, sabían que no serían castigados si argumentaban alguna justificación política.

No deja de ser un buen síntoma de que estos personajes, la mayoría de ellos provocadores rentados al mejor postor, sean juzgados. Como no deja de serlo que el mismo día de su toma de posesión, Marcelo Ebrard ordenara que los miembros del Frente Francisco Villa no siguieran bloqueando la zona de Bellas Artes. No se trata de represión ni de quinazos o flaviazos: se trata, simplemente de hacer cumplir el estado de derecho que ha sido vulnerado una y otra vez en los últimos años. Sin esa base nada podrá construirse de cara al futuro.

Por cierto: cuando se habla de estado de derecho, en el caso Oaxaca, ello debe extenderse a los demás actores de ese conflicto, incluyendo, por supuesto, el gobierno del estado.
 
Por: Jorge Fernández Menéndez
Publicado en: Periódico Excelsior Fecha: Jueves, 7 de Diciembre de 2006

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