martes, octubre 05, 2021

 

Contrarreforma

"La electricidad no centraliza, sino que descentraliza". Marshall McLuhan

 

No sorprende que el gobierno no quiera que la Comisión Federal de Electricidad tenga que competir con los privados. En agosto, la CFE registró un costo unitario de 1,687 pesos por megavatio/hora, mientras que los productores independientes generaron a 861 pesos el MWh. En las subastas de largo plazo, el costo unitario de energías intermitentes (eólica y solar) fue de 377 pesos por MWh. No hay otros datos. Son las cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que el gobierno ya controla completamente.

 

La CFE no tiene capacidad para enfrentar a los privados. Esta "empresa de clase mundial", como la caracterizaba el gobierno, solo era competitiva frente al desastre de Luz y Fuerza del Centro. No puede derrotar a los verdaderos productores de clase mundial. Por eso el gobierno impulsa una contrarreforma que le evite competir.

 

"Es un retroceso de 30 años", dice Víctor Ramírez de la Plataforma México, Clima y Energía. La iniciativa no solo deroga las reformas de Enrique Peña Nieto, sino las de años anteriores, que permitieron, por ejemplo, inversiones en autoabastecimiento. No se limita, por otra parte, a la electricidad. Desaparece la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE y el Cenace. Convierte absurdamente a la CFE en regulador y regulada. Crea un nuevo monopolio gubernamental en litio. Ordena que la CFE tenga 54 por ciento del mercado de electricidad, como si por decreto se pudiera definir una participación.

 

La prohibición del autoabastecimiento representa una confiscación sin indemnización de inversiones muy importantes ya realizadas en el país, lo cual violaría los tratados internacionales firmados por México. Además, elevaría en automático los precios de electricidad que pagan las industrias mexicanas que tienen estos contratos, lo cual las haría menos competitivas. El gobierno no solo quiere atacar a la industria eléctrica privada, sino volver menos productivo a todo el país.

 

El presidente López Obrador dice que la iniciativa busca fortalecer a la CFE y evitar aumentos de precios: "El propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación como es nuestro compromiso... Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular". La legislación, sin embargo, no solo no impedirá los aumentos de precios, sino que los impulsará al elevar los costos y reducir la oferta. Si el "control de los precios de los energéticos" significa que se impedirán artificialmente los aumentos, el gobierno tendrá que gastar cada vez más en subsidios, lo cual distorsionará la economía y desviará recursos de las verdaderas funciones gubernamentales.

 

Lo peor es que la CFE no tiene capacidad para reemplazar a los privados. No ha podido hasta ahora mantener y modernizar las redes de transmisión que maneja en régimen de monopolio. La falta de mantenimiento ha producido numerosos apagones. Con sus amenazas a la generación privada, por otra parte, el gobierno ha provocado que se suspenda la inversión privada en nuevas plantas generadoras. La CFE dijo que las construiría, por ejemplo, una en Baja California Sur, pero no ha cumplido. No tiene dinero.

 

El país pronto empezará a sufrir escasez de electricidad. Los apagones se multiplicarán y los costos se elevarán. Pocas iniciativas en la historia serán tan dañinas como esta. No sé si es producto de la ignorancia o de un intento premeditado por destruir la economía nacional.

 

CRISIS QUE VIENE

Mientras aquí demolemos la industria energética, el mundo se prepara para una crisis. China está adquiriendo gas a cualquier costo. El precio del crudo ha subido 93 por ciento y el del gas 123 por ciento en un año. Solo el gobierno de México piensa que reducir la inversión es la solución.

 

Sergio Sarmiento

 


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