sábado, mayo 14, 2016

 

El Estado interventor

Enfrente del edificio donde trabajo hay un parque muy bonito. Hacia las ocho de la mañana, unas cuantas gentes caminan por sus senderos, pero su estacionamiento está lleno de automóviles. ¿Por qué? Porque es gratuito y lo (ab)usan, lógicamente, muchos oficinistas que laboran en las empresas cercanas. Se frustra, por tanto, la intención original. Un letrero que advirtiera que el estacionamiento es exclusivo para los usuarios del parque sería inútil. Los estímulos económicos son más poderosos que las llamadas a la "conciencia social".

 

¿A qué viene la anécdota? La semana pasada, según una nota de prensa, el Senado de la República "emitió un exhorto a los Congresos de los Estados" para que, "en beneficio de los consumidores", se eviten "los cobros excesivos" en los estacionamientos de autos en los centros comerciales.

 

Para empezar, hay que notar que el cobro es una manera de racionar el uso de un bien escaso (y, por tanto, valioso): el espacio disponible para estacionamiento. De otra manera, el abuso sería el resultado (como en el parque referido). De paso, vale notar que los Senadores no definen qué es "excesivo".

 

El exhorto sugiere que el servicio sea "gratuito" sólo para quienes exhiban un comprobante de compra. Desde luego, eso es exactamente lo que ya hacen algunos comercios. ¿Por qué no todos? Porque no todas las compras lo justifican. Una bolsa de papas en 7/11 no es lo mismo que un traje en Zegna.

 

La medida, dicen los Senadores, alentará el crecimiento de los propios centros comerciales, porque al eliminar la tarifa, el consumidor podrá "adquirir otro tipo de artículo o servicio". Aparte de que, por persona, lo más probable es que el "ahorro" en cuestión no sería significativo, estoy seguro de que los comerciantes difícilmente necesitan los consejos de un legislador para apreciar dónde está su interés.

 

No es improbable que los Congresos estatales atiendan el exhorto aludido, porque ofrece una nueva oportunidad para interferir con la libertad de elección de los ciudadanos. La tendencia está de moda en todas partes.

 

En Estados Unidos, por ejemplo, en pleno proceso electoral, es evidente una postura antiglobalización. Donald Trump es su vocero más explícito y ruidoso, pero Bernard Sanders no es muy distinto y, me temo, Hillary Clinton (discretamente) tampoco. El nacionalismo económico tiene muchos partidarios, de izquierda y de derecha. Pero rara vez se destaca que, en lo fundamental, implica que el Gobierno limite, de una forma u otra, la libertad de las personas físicas y de las empresas para realizar transacciones con sus similares extranjeros.

 

La lista de actividades que el Gobierno limita o, de plano prohíbe, crece al parecer cada día. La afirmación puede parecer exagerada, pero no lo es. Los pocos ejemplos que siguen son parte de la lista mexicana.

 

· El Gobierno ha decidido que sabe mejor que los ciudadanos lo que les conviene comer y tomar. Específicamente, no quiere que haya sal en las mesas de los restaurantes, para que los hipertensos no sucumban a la tentación de usarla. Tampoco quiere que los sedientos beban líquidos azucarados, para evitar que se conviertan en obesos. Tutelar celoso de menores e incapaces, se preocupa por nuestra salud y nuestra figura más que nosotros mismos.

 

· El Gobierno ha determinado también que hay ciertas imágenes que no debemos ver en la televisión, y ciertas palabras que no debemos escuchar en el radio. Así pues, actúa como definidor y guardián de la moral pública y de la corrección lingüística.

 

· Lo anterior tiene consecuencias, pero son (creo) menores, si se las compara con los terribles efectos que acarrea la intervención del Estado en lo que toca a lo que alguna gente decide introducir en sus pulmones y/o en sus venas. En ese ámbito, el Gobierno ha resuelto que hay formas de diversión que no son permisibles, sin importar que sean voluntarias.

 

· Igualmente, el Gobierno cree saber mejor que nosotros qué nos conviene usar si nos enfermamos. Los antibióticos se expenden sólo contra receta, para prevenir una supuesta automedicación irracional.

 

· Y así por el estilo, en muchos (demasiados) espacios de la vida diaria.

 

No ignoro que hay actividades que realizan los particulares que tienen repercusiones negativas sobre terceros. Cuando ocurren, primero se debe precisar su significación y, luego, diseñar la mejor manera de compensarlas. Es posible que en algún caso la intervención estatal sea conveniente.

 

Everardo Elizondo

El autor es profesor de Economía en la EGADE, Business School, ITESM.


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