sábado, noviembre 12, 2011
¡Aguas!
¿Qué ha fallado? Casi todo y cuando no ha fallado se han quebrantado, innecesariamente, instituciones y procedimientos.
1. Se fracturó la institucionalidad. Hasta 2007, el IFE era un organismo prestigiado. Los embates de López Obrador en 2006 lo lastimaron, pero no tocaron su estructura ni sus cimientos. De eso se encargarían los partidos en 2007. La contrarreforma, con la consecuente decapitación del Consejo General, lo golpeó severamente. Los resultados están a la vista. En pleno proceso electoral tenemos un IFE mocho y deslegitimado.
2. Falló el mecanismo para la integración -renovación- del Consejo General. Los nombramientos escalonados, elegidos por mayoría compuesta, previa selección por los partidos en la Cámara de Diputados, se han entrampado. El procedimiento está viciado de origen. Los partidos, parte beligerante -con todo derecho- en la contienda electoral, se adjudicaron la facultad de elegir al árbitro.
Las consecuencias son evidentes y lamentables: quieren un árbitro a modo; con la advertencia explícita de que un "mal" desempeño será sancionado con el despido automático, como le ocurrió a Luis Carlos Ugalde y compañía. Pero además, no encuentran otro método para "protegerse" del árbitro que imponiendo su sello partidario a cada uno de los consejeros.
De ahí la imposibilidad del consenso.
3. Falló el tan traído y llevado principio de equidad. Lo que hoy tenemos son un conjunto de partidos minoritarios que reciben enormes cantidades de recursos públicos, que no tienen ideología alguna -o que la utilizan como mera fachada-, que son negocios familiares o cotos de líderes sindicales.
Resultan vitales en la contienda no porque representen a fracciones minoritarias de la ciudadanía, sino porque de ellos depende que se incline la balanza de uno u otro lado. De ahí que su poder de negociación sea descomunal y muy por encima de la fuerza real que tienen.
En este caso ni siquiera se puede hablar de una sobrerrepresentación (perdón por lastimar los castos oídos de los sacerdotes de la representación proporcional) de las minorías. Porque se trata simple y llanamente de élites partidarias que viven muy, pero muy bien, del erario y se representan a sí mismas.
4. Falló el cerco y acotamiento del poder de la plutocracia en los medios de comunicación. La fracción del Artículo 41 de la Constitución, que prohíbe a particulares comprar tiempo en medios electrónicos para influir a la ciudadanía durante los procesos electorales, se diseñó desde 1996.
Los legisladores peleaban entonces contra un fantasma. Jamás en la historia de México la plutocracia había controlado o inclinado las elecciones mediante el financiamiento. Pero además, la nueva legislación promovida por Zedillo otorgó cantidades millonarias a las organizaciones políticas.
El riesgo, que rayaba en la paranoia, de que los grandes empresarios controlarán campañas y candidatos era y es verdaderamente risible. Pero además, se optó por el peor de los caminos: con el pretexto de limitar el "abuso" de unos cuantos, se atentó contra la libertad de expresión de todos.
5. Falló la oferta de terminar con la spotización de la política. A los defensores de la contrarreforma de 2007 se les llenaba la boca cuando pregonaban una de las mayores virtudes de su pequeño engendro: elevará el nivel del debate y terminará con la spotización de las campañas.
El mejor argumento provino de un profesor que condenó los spots como una forma estúpida y vacía por la que no se podía comunicar idea alguna. Pero independientemente de tanta estrechez y estreñimiento mental, lo cierto es que 2009 mostró la verdadera cara de la contrarreforma.
Los millones de spots basura que vimos y oímos las 24 horas del día no se acompañaron siquiera de debates entre los contendientes, porque la "eminencia gris" que cocinó la contrarreforma no imaginó tal posibilidad.
En 2012 se repetirá la historia.
6. Falló la oferta de hacer más transparentes y eficaces las relaciones partidos-medios. Antes de 2007 los partidos y candidatos accedían a tiempos en medios electrónicos por un procedimiento simple: la compra de espacios para transmitir su propaganda.
Ahora está estrictamente prohibido por la ley. Los partidos y candidatos deben atenerse a los tiempos que el Estado confisca a los medios y luego les adjudica "equitativamente": 70 por ciento en relación directa a la fuerza de cada uno y 30 por ciento en forma igualitaria.
Pero la realidad es que esos tiempos resultan insuficientes o, al menos, así lo consideran partidos y candidatos. De ahí que recurran a transacciones por debajo de la mesa para incrementar los espacios en los medios electrónicos.
Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, calcula que las enormes sumas de dinero que los partidos reciben y gastan oficialmente durante las campañas son apenas la punta del iceberg.
7. Falló la oferta de apuntalar las instituciones para conjurar el riesgo de un conflicto poselectoral
En 2007 nadie esperaba ni planteaba la necesidad de una reforma electoral. Se discutía, eso sí, la urgencia de una reforma política que atendiera la gobernabilidad y la eficacia. Así que cuando los Senadores se sacaron de la chistera la contrarreforma de 2007 todos -muchos- quedamos sorprendidos.
Vino entonces la explicación: había que reedificar la casa para que no se repitiera 2006. Y está bien, muy bien, sólo que AMLO acaba de afirmar que su confianza no está depositada en el IFE, sino en los ciudadanos para defender el voto.
A confesión de parte, relevo de pruebas: sólo la victoria de López podrá contener a López. Nada ni nadie más. Y si no... ¡pues que se atengan a las consecuencias!
1. Se fracturó la institucionalidad. Hasta 2007, el IFE era un organismo prestigiado. Los embates de López Obrador en 2006 lo lastimaron, pero no tocaron su estructura ni sus cimientos. De eso se encargarían los partidos en 2007. La contrarreforma, con la consecuente decapitación del Consejo General, lo golpeó severamente. Los resultados están a la vista. En pleno proceso electoral tenemos un IFE mocho y deslegitimado.
2. Falló el mecanismo para la integración -renovación- del Consejo General. Los nombramientos escalonados, elegidos por mayoría compuesta, previa selección por los partidos en la Cámara de Diputados, se han entrampado. El procedimiento está viciado de origen. Los partidos, parte beligerante -con todo derecho- en la contienda electoral, se adjudicaron la facultad de elegir al árbitro.
Las consecuencias son evidentes y lamentables: quieren un árbitro a modo; con la advertencia explícita de que un "mal" desempeño será sancionado con el despido automático, como le ocurrió a Luis Carlos Ugalde y compañía. Pero además, no encuentran otro método para "protegerse" del árbitro que imponiendo su sello partidario a cada uno de los consejeros.
De ahí la imposibilidad del consenso.
3. Falló el tan traído y llevado principio de equidad. Lo que hoy tenemos son un conjunto de partidos minoritarios que reciben enormes cantidades de recursos públicos, que no tienen ideología alguna -o que la utilizan como mera fachada-, que son negocios familiares o cotos de líderes sindicales.
Resultan vitales en la contienda no porque representen a fracciones minoritarias de la ciudadanía, sino porque de ellos depende que se incline la balanza de uno u otro lado. De ahí que su poder de negociación sea descomunal y muy por encima de la fuerza real que tienen.
En este caso ni siquiera se puede hablar de una sobrerrepresentación (perdón por lastimar los castos oídos de los sacerdotes de la representación proporcional) de las minorías. Porque se trata simple y llanamente de élites partidarias que viven muy, pero muy bien, del erario y se representan a sí mismas.
4. Falló el cerco y acotamiento del poder de la plutocracia en los medios de comunicación. La fracción del Artículo 41 de la Constitución, que prohíbe a particulares comprar tiempo en medios electrónicos para influir a la ciudadanía durante los procesos electorales, se diseñó desde 1996.
Los legisladores peleaban entonces contra un fantasma. Jamás en la historia de México la plutocracia había controlado o inclinado las elecciones mediante el financiamiento. Pero además, la nueva legislación promovida por Zedillo otorgó cantidades millonarias a las organizaciones políticas.
El riesgo, que rayaba en la paranoia, de que los grandes empresarios controlarán campañas y candidatos era y es verdaderamente risible. Pero además, se optó por el peor de los caminos: con el pretexto de limitar el "abuso" de unos cuantos, se atentó contra la libertad de expresión de todos.
5. Falló la oferta de terminar con la spotización de la política. A los defensores de la contrarreforma de 2007 se les llenaba la boca cuando pregonaban una de las mayores virtudes de su pequeño engendro: elevará el nivel del debate y terminará con la spotización de las campañas.
El mejor argumento provino de un profesor que condenó los spots como una forma estúpida y vacía por la que no se podía comunicar idea alguna. Pero independientemente de tanta estrechez y estreñimiento mental, lo cierto es que 2009 mostró la verdadera cara de la contrarreforma.
Los millones de spots basura que vimos y oímos las 24 horas del día no se acompañaron siquiera de debates entre los contendientes, porque la "eminencia gris" que cocinó la contrarreforma no imaginó tal posibilidad.
En 2012 se repetirá la historia.
6. Falló la oferta de hacer más transparentes y eficaces las relaciones partidos-medios. Antes de 2007 los partidos y candidatos accedían a tiempos en medios electrónicos por un procedimiento simple: la compra de espacios para transmitir su propaganda.
Ahora está estrictamente prohibido por la ley. Los partidos y candidatos deben atenerse a los tiempos que el Estado confisca a los medios y luego les adjudica "equitativamente": 70 por ciento en relación directa a la fuerza de cada uno y 30 por ciento en forma igualitaria.
Pero la realidad es que esos tiempos resultan insuficientes o, al menos, así lo consideran partidos y candidatos. De ahí que recurran a transacciones por debajo de la mesa para incrementar los espacios en los medios electrónicos.
Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, calcula que las enormes sumas de dinero que los partidos reciben y gastan oficialmente durante las campañas son apenas la punta del iceberg.
7. Falló la oferta de apuntalar las instituciones para conjurar el riesgo de un conflicto poselectoral
En 2007 nadie esperaba ni planteaba la necesidad de una reforma electoral. Se discutía, eso sí, la urgencia de una reforma política que atendiera la gobernabilidad y la eficacia. Así que cuando los Senadores se sacaron de la chistera la contrarreforma de 2007 todos -muchos- quedamos sorprendidos.
Vino entonces la explicación: había que reedificar la casa para que no se repitiera 2006. Y está bien, muy bien, sólo que AMLO acaba de afirmar que su confianza no está depositada en el IFE, sino en los ciudadanos para defender el voto.
A confesión de parte, relevo de pruebas: sólo la victoria de López podrá contener a López. Nada ni nadie más. Y si no... ¡pues que se atengan a las consecuencias!
Jaime Sánchez Susarrey
