lunes, octubre 15, 2007
Transparencia sindicalista
La frase de Daniel Cosío Villegas se ha repetido tanto que podría pensarse que ya ha perdido su fuerza. Sucinta condensación de un proyecto republicano: hacer pública la vida pública. Aquello que el historiador pedía para México en la época de oro de la cerrazón cuenta ya con victorias importantes. Hoy tenemos instrumentos poderosos para conocer el interior del edificio gubernamental. Sabemos cuánto gana el Presidente de la República, sabemos quiénes trabajan en su oficina, con quién contrata los banquetes que ofrece y cuánto paga por ellos. Sabemos quiénes ganan los concursos y licitaciones del Gobierno; cuáles son los criterios empleados para otorgar una concesión, cuáles son los compromisos que atan al Gobierno.
De ningún modo puede decirse que esta conquista -la transparencia- dé por satisfecho el proyecto que trazaba el historiador liberal. Para que la vida pública sea pública en verdad es necesario asentar una cultura deliberativa que estamos muy lejos de tener. Pero sin la mina de revelaciones y datos que se ha abierto, no podríamos dar ningún paso adelante en esa dirección.
Si el mundo del Gobierno, particularmente en la órbita federal, se ha vuelto visible, hay otras zonas que siguen siendo un imperio de opacidad. En buena parte de las administraciones locales siguen reinando el secreto y la discrecionalidad. Pero no hay territorio de poder más sombrío que el de los sindicatos. Conocemos el salario de los funcionarios públicos, empezando por el salario del Presidente. ¿Cuánto gana la dirigente del sindicato de maestros? ¿A cuánto asciende el presupuesto del que dispone sin control alguno? Sabemos el monto de los ingresos del Gobierno federal y podemos ubicar en qué se gastan los recursos públicos. ¿Cuánto tiene el sindicato de Pemex? ¿En qué usa su presupuesto? Podemos saber a quién se beneficia con los contratos y licitaciones del Gobierno de la República. ¿A quién favorecen los apoderados sindicales?
Por eso resulta valiosa la iniciativa del PAN en el Senado que pretende extender la garantía de transparencia a los sindicatos. La propuesta sugiere agregar a los estatutos sindicales el derecho a conocer cómo se administra el patrimonio de la agrupación. Se pretende legislar para conquistar una garantía irrebatible: que un miembro del sindicato que paga (involuntariamente) su cuota conozca qué sucede con sus aportaciones. Este dato debe ser subrayado.
Los sindicatos se financian con cuotas no voluntarias y constituyen, por lo tanto, instancias semipúblicas que ejercen la representación forzada de los agremiados. De ahí se remarca la necesidad de contar con dispositivos eficaces de rendición de cuentas. Si los miembros de un sindicato pagan un impuesto sindical merecen información confiable sobre el destino de sus cuotas. De prosperar la iniciativa, un trabajador tendría la facultad de examinar la gestión de sus dirigentes. Muchos de ellos no conocen siquiera su contrato colectivo de trabajo. Más que eso: no tienen derecho a conocerlo. Un documento que sería paradigmáticamente público se mantiene bajo reserva.
¿A cuánto se eleva el patrimonio sindical? ¿Cómo se invierten los recursos del sindicato? ¿De cuánto dinero dispone el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Cómo lo gasta? Nadie puede contestar esas preguntas hoy. Se niega respuesta a estas interrogantes con el portazo de la autonomía. La autonomía sindical se ha convertido en la cortina de un escondite.
La batalla por la transparencia sindical no es una tarea menor. Es la recuperación de una de las más viejas batallas de la democratización mexicana. Antes de que la bandera del voto fuera la causa central de conflicto con el régimen, la democracia sindical fue la plaza del litigio. Conquistar ese espacio de representación para que sirviera a los trabajadores y no a las estructuras corporativas. Terminar la opacidad sindical es una forma de retomar esa causa pendiente. No es un impulso menor ni son débiles los enemigos de la reforma. Es que los sindicatos no son solamente poderosas estructuras políticas que ejercen tozudamente un monopolio de representación. Son magnates de ilimitados recursos que no tienen obligación alguna de entregar cuentas a sus supuestos accionistas. Y curiosamente cuentan con frecuencia con el apoyo de las empresas que prefieren ocultar sus tratos con el sindicato.
Como era previsible, los dirigentes sindicales no se apresuraron a respaldar la iniciativa. El acto fue visto como una agresión. El ya eterno líder de los telefonistas reaccionó de inmediato, calificando la propuesta como una auténtica "declaración de guerra". Que un trabajador de la telefónica se enterara de los gastos de don Francisco Hernández Juárez sería un atentado contra la dignidad sindical. Los petroleros siguieron la misma pista. Calificaron la propuesta como una ilegítima irrupción del Congreso en la vida de los sindicatos. "¡Se pretende violar la autonomía del sindicato!", gritó furioso el secretario del modélico sindicato petrolero. Las reacciones no ocultan su naturaleza. Se trata simplemente de defender el poder que garantiza el secreto.
El terreno oculto se ha empezado a mostrar. Con decisiones discretas se ha avanzado en los últimos años. El IFAI resolvió que la información sobre las cuotas del sindicato de maestros era un asunto de interés público. La Secretaría del Trabajo ha resuelto iniciar la apertura de la información sindical de sus archivos. Son gestos que necesitan acompañarse de decisiones legislativas. Resulta inadmisible que el enorme poder de los cacicazgos sindicales siga empleando la bandera de la autonomía para cerrarle el paso a la mirada pública.
Jesús Silva-Herzog Márquez
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/
De ningún modo puede decirse que esta conquista -la transparencia- dé por satisfecho el proyecto que trazaba el historiador liberal. Para que la vida pública sea pública en verdad es necesario asentar una cultura deliberativa que estamos muy lejos de tener. Pero sin la mina de revelaciones y datos que se ha abierto, no podríamos dar ningún paso adelante en esa dirección.
Si el mundo del Gobierno, particularmente en la órbita federal, se ha vuelto visible, hay otras zonas que siguen siendo un imperio de opacidad. En buena parte de las administraciones locales siguen reinando el secreto y la discrecionalidad. Pero no hay territorio de poder más sombrío que el de los sindicatos. Conocemos el salario de los funcionarios públicos, empezando por el salario del Presidente. ¿Cuánto gana la dirigente del sindicato de maestros? ¿A cuánto asciende el presupuesto del que dispone sin control alguno? Sabemos el monto de los ingresos del Gobierno federal y podemos ubicar en qué se gastan los recursos públicos. ¿Cuánto tiene el sindicato de Pemex? ¿En qué usa su presupuesto? Podemos saber a quién se beneficia con los contratos y licitaciones del Gobierno de la República. ¿A quién favorecen los apoderados sindicales?
Por eso resulta valiosa la iniciativa del PAN en el Senado que pretende extender la garantía de transparencia a los sindicatos. La propuesta sugiere agregar a los estatutos sindicales el derecho a conocer cómo se administra el patrimonio de la agrupación. Se pretende legislar para conquistar una garantía irrebatible: que un miembro del sindicato que paga (involuntariamente) su cuota conozca qué sucede con sus aportaciones. Este dato debe ser subrayado.
Los sindicatos se financian con cuotas no voluntarias y constituyen, por lo tanto, instancias semipúblicas que ejercen la representación forzada de los agremiados. De ahí se remarca la necesidad de contar con dispositivos eficaces de rendición de cuentas. Si los miembros de un sindicato pagan un impuesto sindical merecen información confiable sobre el destino de sus cuotas. De prosperar la iniciativa, un trabajador tendría la facultad de examinar la gestión de sus dirigentes. Muchos de ellos no conocen siquiera su contrato colectivo de trabajo. Más que eso: no tienen derecho a conocerlo. Un documento que sería paradigmáticamente público se mantiene bajo reserva.
¿A cuánto se eleva el patrimonio sindical? ¿Cómo se invierten los recursos del sindicato? ¿De cuánto dinero dispone el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Cómo lo gasta? Nadie puede contestar esas preguntas hoy. Se niega respuesta a estas interrogantes con el portazo de la autonomía. La autonomía sindical se ha convertido en la cortina de un escondite.
La batalla por la transparencia sindical no es una tarea menor. Es la recuperación de una de las más viejas batallas de la democratización mexicana. Antes de que la bandera del voto fuera la causa central de conflicto con el régimen, la democracia sindical fue la plaza del litigio. Conquistar ese espacio de representación para que sirviera a los trabajadores y no a las estructuras corporativas. Terminar la opacidad sindical es una forma de retomar esa causa pendiente. No es un impulso menor ni son débiles los enemigos de la reforma. Es que los sindicatos no son solamente poderosas estructuras políticas que ejercen tozudamente un monopolio de representación. Son magnates de ilimitados recursos que no tienen obligación alguna de entregar cuentas a sus supuestos accionistas. Y curiosamente cuentan con frecuencia con el apoyo de las empresas que prefieren ocultar sus tratos con el sindicato.
Como era previsible, los dirigentes sindicales no se apresuraron a respaldar la iniciativa. El acto fue visto como una agresión. El ya eterno líder de los telefonistas reaccionó de inmediato, calificando la propuesta como una auténtica "declaración de guerra". Que un trabajador de la telefónica se enterara de los gastos de don Francisco Hernández Juárez sería un atentado contra la dignidad sindical. Los petroleros siguieron la misma pista. Calificaron la propuesta como una ilegítima irrupción del Congreso en la vida de los sindicatos. "¡Se pretende violar la autonomía del sindicato!", gritó furioso el secretario del modélico sindicato petrolero. Las reacciones no ocultan su naturaleza. Se trata simplemente de defender el poder que garantiza el secreto.
El terreno oculto se ha empezado a mostrar. Con decisiones discretas se ha avanzado en los últimos años. El IFAI resolvió que la información sobre las cuotas del sindicato de maestros era un asunto de interés público. La Secretaría del Trabajo ha resuelto iniciar la apertura de la información sindical de sus archivos. Son gestos que necesitan acompañarse de decisiones legislativas. Resulta inadmisible que el enorme poder de los cacicazgos sindicales siga empleando la bandera de la autonomía para cerrarle el paso a la mirada pública.
Jesús Silva-Herzog Márquez
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/
Etiquetas: corporativismo, corrupcion, demagogia, democracia, pobreza, sindicatos, transparencia
Comments:
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Vaya!! Hasta que por fin alguien se acordó de los trabajadores sindicalizados!! Aunque la transparencia tardará aún mucho en llegar; no será un camino fácil, pues hay (si no muchos, sí muy podero$o$) intereses de por medio.
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