HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

¿Por qué la resistencia de Ulises Ruiz a dejar su cargo?¿Por qué tantos personajes están empeñados en que no haya solución en el conflicto oaxaqueño? Los grandes escritores de novelas policiales decían que para encontrar al culpable de un crimen había que seguirle la pista al dinero. Ese terrible crimen que se llama el conflicto de Oaxaca tiene, como muchos otros, su origen en el dinero.

No sólo nos estamos refiriendo a los casi 40 mil millones de pesos que terminará costando la rezonificación salarial de los maestros. Ni tampoco a los miles de millones en daños que ha costado la destrucción de la ciudad luego de estos largos meses de ocupación y conflicto. Ni siquiera a los millones que el mismo ha costado a la industria, el comercio, el turismo, en el estado y en el país (la reservaciones del turismo estadounidense han caído dramáticamente en los últimos días, por ejemplo). No hablamos tampoco de cuánto ha costado en términos de educación pública o del despliegue de fuerzas que se tuvo que realizar para recuperar la ciudad.

Estamos hablando de cifras mayores que reflejan el corazón del verdadero conflicto: las decenas de miles de millones de pesos cuyo destino no se conoce y que fueron entregados, vía el ramo 33 del presupuesto federal, el destinado al gasto social, al gobierno del estado en los últimos años. La cifra no es en absoluto menor: según datos oficiales, el gobierno de Oaxaca recibió en los últimos ocho años, los seis años de gestión de José Murat y los dos primeros años de Ulises Ruiz, nada menos que 86 mil 11 millones de pesos de los que no ha rendido cuenta a la Federación.

De esa cantidad, 56 mil 109 millones de pesos fueron entregados al gobierno del actual diputado José Murat y el resto (29 mil 902 millones) a su sucesor, Ulises Ruiz.

El entonces gobernador José Murat, inició incluso una controversia constitucional para impedir que esos recursos fueran auditados, argumentando que con ello se vulneraba la soberanía del estado. Luego de casi dos años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en agosto pasado, rechazó la demanda del estado y estableció que la utilización de esos recursos podía y debía ser auditada por la Federación. Al mismo tiempo que se resolvió la controversia constitucional en ese sentido, con lo que se habilitó a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública para indagar cómo se habían utilizado esos recursos públicos, se agudizó el conflicto en Oaxaca a través de la APPO (varios de cuyos dirigentes fueron beneficiarios de parte de los mismos, además de gozar de su amistad y de una amnistía en los tiempos de Murat) y recrudeció la negativa de Ulises Ruiz a presentar su renuncia o la licencia a su cargo.

Las cantidades son impresionantes: dentro del ramo 33, que incluye el gasto social financiado por la Federación para el estado, existen siete partidas básicas: el más importante es, precisamente, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. De él se le entregaron al gobierno de Murat 43 mil 62 millones de pesos y al de Ulises 18 mil 591 millones. Los otros fondos son el  de Aportaciones para Servicios de Salud (6 mil 292 millones de pesos para la administración Murat, y 3 mil 95 millones para la de Ulises Ruiz). Está el llamado Fondo para Aportaciones para la Infraestructura Social (Murat recibió por ese concepto 11 mil 53 millones de pesos, el gobierno de Ulises 5 mil 327 millones). Está el fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, por el cual el gobierno de Murat recibió 4 mil 476 millones y el de Ruiz mil 936 millones.

Aunque cuantitativamente son menores no dejan de ser significativos los aportes a los fondos de Aportaciones Múltiples; los de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y los de Aportaciones para Seguridad Pública (sólo en este ramo el gobierno de Murat recibió 761 millones de pesos de apoyo y el de Ulises 320 millones). Estamos hablando, entonces de más de 86 mil millones de pesos que se han gastado sin rendir cuentas a la Federación y obviamente tampoco a los contribuyentes.

Y en torno a esos más de 8 mil millones de dólares gira, en realidad el conflicto de Oaxaca. Gira en torno a ese dinero porque con él se gestaron muchos hechos de corrupción; con él se compró protección; se financiaron campañas políticas; se lograron asociaciones con grupos como los de Héctor Sánchez, que primero boicoteó la campaña de Gabino Cue y ahora es uno de los operadores de la APPO (¿y de Murat?) vía Flavio Sosa. Con ellos se estableció una relación “privilegiada”, en el pasado, con la sección 22 (que se deterioró precisamente por un conflicto sobre el monto de los recursos que se entregarían a su dirigencia). Con ellos se controlan los municipios, que si no llegan a acuerdos con el gobierno estatal, se quedan “secos” durante buena parte de su gestión. Recordemos que el 98 por ciento del presupuesto que ejerce el estado de Oaxaca, proviene de fuentes federales. Teniendo garantizada una mayoría en el congreso local y rechazando las auditorias federales, se tiene un muy amplio margen para la utilización discrecional del dinero. Y cuando el gobierno federal quiso controlar ese manejo presupuestal, los conflictos llegaron a la violencia: recordemos cómo fue virtualmente secuestrado y expulsado del estado el entonces delegado de la Sedesol, Gerardo Priego, hoy en el equipo del presidente electo Felipe Calderón.

En torno a las auditorias para saber en qué y cómo se gastaron esos 86 mil millones de pesos gira el conflicto oaxaqueño. Y en torno a ellos deberá girar, también, más allá de exhortos y pedidos de reflexión, el futuro del estado y de su gobernador.

Por: Jorge Fernández Menéndez
Publicado en: Periódico Excelsior	Fecha: Martes, 31 de Octubre de 2006