lunes, octubre 30, 2006
Las otras barricadas: las de la corrupción
Al momento de escribir estas líneas, ya entrando la noche del domingo, la Policía Federal Preventiva aún no terminaba de recuperar el centro de la ciudad de Oaxaca y se habían dado algunos enfrentamientos importantes tanto en esa ciudad como otros menores, con miembros de la APPO (en realidad de los organismos de superficie del EPR) en la capital del país. La noche, sin duda, será tensa, pero es difícil pensar en enfrentamientos generalizados: como hemos señalado en otras oportunidades, el EPR tiene en Oaxaca unos 300 militantes armados y otros 200 en el área metropolitana de la ciudad de México. Independientemente de su lógica ultra radical, esta organización parece haber aprendido algo de los hechos de hace diez años, cuando después de los ataques a Tlaxiaco y Huatulco, fueron prácticamente desmembrados por las fuerzas de seguridad, un golpe del que sólo se recuperaron gracias al ahora diputado José Murat, que sigue siendo la mano que mece la cuna en el conflicto oaxaqueño, y sino ahí está la estrecha relación de Murat con Flavio Sosa como para comprobarlo.
La asociación, aunque parezca tan contradictoria, del muratismo y el EPR, es una símbolo de la crisis que aqueja a Oaxaca y que, fuera de lo que ocurra en las próximas horas, después de que la PFP recupere el centro de la ciudad y de que los maestros previsiblemente regresen a clases el día de hoy, confirma porqué el trabajo político en ese estado, apenas comenzará cuando se den esas condiciones mínimas.
En la crisis de Oaxaca están metidas demasiados manos y casi ninguna lo hace con un interés legítimo por el futuro del estado. Habrá un espejismo de orden en las próximas horas, después de la violencia y los enfrentamientos inevitables que ocurrirán, pero será eso, un espejismo que distará mucho de convertirse en realidad si no se actúa en forma política seria.
Algunos dirán que el presidente Fox cumplió su palabra y finalmente intervino en el estado y evitó que el conflicto cayera en manos de la siguiente administración. Pero no es estrictamente así: el presidente ordenó intervenir porque luego de los enfrentamientos del viernes, ello era inevitable, sobre todo después de la muerte de un estadounidense, que fue mucho más determinante que la de catorce oaxaqueños (esa es la cifra oficial, en realidad, ha habido muchas más víctimas), luego de la exigencia formal presentada por el embajador Tony Garza. Pero, con o sin esa queja, era imposible seguir pensando que se podía continuar sin enviar la fuerza pública al estado. La PFP recuperará la ciudad, pero será a un costo mucho mayor al que se habría pagado si esa decisión se hubiera adoptado meses (o por lo menos semanas) atrás.
Vienen dos procesos muy complejos: por una parte, castigar a los dirigentes de la APPO que han cometido delitos graves. No puede haber impunidad en ese sentido, porque ello será la mejor garantía de que esos hechos se repitan en el futuro muy cercano. El corazón de la APPO está formado por militantes del EPR y por perredistas de los grupos más radicales y también más corruptos. Ello no implica que, por ejemplo, ese corazón esté integrado por varios de los dirigentes guerrilleros que mostró, según documentos de inteligencia, el gobierno del estado: si Ulises Ruiz y su gente creen que esa es información e inteligencia, están perdidos y sólo por ese grado de ignorancia política se puede comprender porque han perdido desde tiempo atrás la gobernabilidad del estado.
Lo cierto es que los grupos realmente pertenecientes al EPR ya aprendieron y difícilmente presentarán frente en forma abierta al gobierno federal pero continuarán desafiándolo si no hay cambios notables en la entidad. Y ello tendrá que pasar por otro ajuste de cuentas, éste con el gobierno estatal. La administración de Ulises Ruiz oscila entre la soberbia y la ignorancia de una forma lastimosa: no ha habido ni siquiera una autocrítica sobre lo sucedido. No sé si entre los acuerdos que se han tejido para tratar de encontrar una salida a la crisis está incluida la licencia de Ruiz o no, pero por una simple razón de sentido común, el primer interesado en que haya cambios políticos en el estado debería ser el PRI. Lo sucedido es un certificado de que su capacidad política en el estado, que ha sido uno de sus principales referentes electorales en el pasado, se ha perdido luego de ocho años de torpezas, soberbia y autoritarismo. Mucho de lo que ocurre hoy en Oaxaca sólo puede explicarse por la resistencia de esos grupos a rendir cuentas respecto a cómo utilizaron los recursos públicos federales destinados al gasto social vía el ramo 33 del presupuesto, que suman varios miles de millones de pesos y que llevó, incluso, al ex gobernador Murat a iniciar una controversia constitucional para evitar ser auditado por la federación. Durante todo su sexenio y lo que va del de Ruiz, a pesar de las profundas diferencias personales que han surgido entre ambos (que no impiden, por ejemplo, que el yerno de Murat sea el representante del gobierno de Ulises en el DF), no han rendido cuentas de los recursos que se les han entregado (y el 98 por ciento del presupuesto del estado depende de recursos federales) y allí está el eje del conflicto. Pero el hecho es que la Suprema Corte ha dado la razón a la federación y esas auditorias están en marcha y tendrán que informarnos a dónde fue esa enorme cantidad de dinero destinado a combatir la pobreza en uno de los tres estados más pobres del país.
El priismo, por supuesto, puede armar sus propias barricadas para defender al gobernador, pero será responsabilidad, de éste o más probablemente del próximo gobierno, desmontarlas, como se hizo ahora con las de la APPO, si se quiere ya no sólo normalizar la vida del estado, sino incluso, moralizar una vida y una dirigencia política que se ha pervertido por la corrupción institucionalizada.
| Por: Jorge Fernández Menéndez | |
| Publicado en: Periódico Excelsior | Fecha: Lunes, 30 de Octubre de 2006 |
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