domingo, febrero 17, 2019

 

Seguridad y gobierno

Groucho Marx lo dijo con absoluta claridad: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos por todas partes, diagnosticarlos de manera incorrecta y luego aplicar los remedios equivocados".

 

El Gobierno tiene una gran claridad sobre varios de los problemas que aquejan al País, pero es crítico preguntarnos: ¿qué pasa si su diagnóstico es errado?

 

Desde luego, el Gobierno de López Obrador no sería el primero en errar en el diagnóstico para luego aplicar una estrategia equivocada, pero lo que sin duda lo caracteriza es su arrogancia moral: no sólo posee la verdad absoluta, sino que todo el resto es corrupto, es parte interesada o es conservador. Su riesgo de errar es por lo tanto mayor.

 

En materia de seguridad llevamos décadas dando palos de ciego. Unos Gobiernos intentaron construir Policías nuevas, otros procuraron centralizar el mando; algunos recurrieron al Ejército, otros prometieron regresarlo a sus barracas. Algunos pretendieron comprar a los miembros del crimen organizado, otros desmantelaron las Policías existentes.

 

En una palabra, ha habido de todo en los últimos 30 años, excepto claridad sobre lo que se buscaba o continuidad en las políticas. Más ocurrencias que estrategia y lo nuevo no es distinto.

 

El asunto de la seguridad surgió en paralelo al deterioro que, poco a poco, fue experimentando el régimen postrevolucionario; el orden y respeto a la autoridad que existían se debían a la naturaleza autoritaria del régimen, es decir, al miedo que la ciudadanía le tenía a las Policías y al Gobierno en general. No era la fortaleza de las instituciones, sino una estructura muy eficaz de control lo que lo hacía funcionar.

 

El Gobierno central mantenía un estrecho control sobre todos los factores clave de poder y funcionamiento de la sociedad, lo que le permitía administrar la criminalidad con efectividad, subordinar a los Gobernadores (y usarlos como instrumentos de su mando) y dictarle reglas del juego al crimen organizado que, en aquella época, eran esencialmente colombianos cuyo interés se limitaba a transitar por el País para llegar al mercado objetivo.

 

El Gobierno mexicano no negociaba con los narcos, sino que establecía reglas del juego, en concordancia con la naturaleza del régimen.

 

La seguridad era producto de la naturaleza del régimen y no de la existencia de un sistema policiaco y judicial profesionales. Es ese control autoritario el que AMLO pretende recrear.

 

En la medida en que aquel régimen se fue resquebrajando -por el crecimiento de la población, la lógica de la economía global, la incipiente apertura política- su capacidad de control se fue mermando. Es decir, nunca hubo una decisión explícita que modificara la naturaleza del régimen: su deterioro fue producto de su agotamiento gradual y de decisiones en otros ámbitos que impactaron su fortaleza.

 

Y ahí yace el problema de fondo: mientras que el País ha ido cambiando en todos sus ámbitos, el Gobierno se quedó atorado en sus mismas estructuras de antaño.

 

El problema de la seguridad (como tantos otros) surge del agotamiento de un sistema de gobierno que no se ha transformado en los últimos 50 años y que ya no empata con la realidad del País de hoy. Involucrar al Ejército en asuntos de seguridad fue una decisión desesperada para enfrentar un problema real, pero sin que mediara un reconocimiento de la naturaleza del fondo del asunto.

 

En este contexto, es absolutamente legítimo y meritorio el debate sobre la Guardia Nacional: encumbrar al Ejército como factótum en este asunto no es solución, es tan sólo otra medida desesperada.

 

El problema de fondo es la inexistencia de gobierno -mucho más grave en algunas latitudes que en otras, como ilustra Tamaulipas vs. Querétaro, por citar dos casos prototípicos- y no las drogas, la corrupción o la violencia por sí mismas.

 

El Gobierno del Presidente López Obrador tiene que enfocar el problema correcto para poder resolver el asunto que aqueja a toda la población y que consume recursos, ánimos y vidas como ningún otro.

 

Por supuesto que el Ejército tendrá que ser parte de la solución, pero no puede ser la solución en sí misma: no está capacitado para funciones policiacas ni le responde a la ciudadanía.

 

De la misma forma, meramente tratar de reconstruir el viejo gobierno todopoderoso de los 60 es absurdo porque no es posible: las condiciones que lo hacían viable dejaron de existir cuando creció y se desarrolló la sociedad y no hay nada que el Gobierno pueda hacer para recrear aquel esquema, a menos de que pretenda imitar a Pinochet.

 

Luis Rubio

www.cidac.org


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