HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Durante la administración de José Murat y el inicio de la administración de Ulises Ruiz hubo numerosas organizaciones políticas y sociales ampliamente beneficiadas por los recursos públicos, que terminaron colaborando con la causa del gobierno estatal aunque provinieran de las antípodas de éste.

Según documentos que forman parte de las auditorias que se están realizándose al gobierno del estado, esas organizaciones que fueron beneficiadas por la administración Murat, hoy forman parte de la APPO. Otras siguen en el priismo, en general, en posiciones extremas en relación con el conflicto que azota a la entidad. ¿Cuáles son los principales organizaciones que recibieron esos recursos?. Una de ellas es la Coordinadora Estatal de Comunidades y Organizaciones Emiliano Zapata (CECOEZ), fundada y dirigida por el diputado Manuel García Corpus, quien tuvo el respaldo, en sus inicios, de Raúl Salinas de Gortari y de Juan Riera. Esta organización, con el apoyo de Antorcha Campesina se quedó con el control de los consejos comunitarios de abasto en la región mixteca y más adelante se quedó con el control de todos los consejos de abasto y de allí nació la actual CECOEZ y se consolidó Antorcha en el estado.

Una organización que recibió apoyos millonarios es Princesa Donají, fundada y dirigida por Lilia Mendoza, (procuradora indígena con Ruiz), quien fue secretaria de desarrollo agropecuario y forestal del gobierno estatal. Desde entonces no ha comprobado los recursos que recibió del programa de empleo temporal en el ejercicio del año 2000. Fue una de las principales operadoras de Miguel Angel Cuellar Aguilera, el ex delegado de la Sedesol, inhabilitado y sancionado por la función pública y convertido en el principal operador del gasto social de Murat y Ruiz, hasta que falleció en un extraño accidente de carretera. Lilia Mendoza y su hermana Dinora han ocupado diversos cargos de elección popular y en la CNC y han recibido en apoyo a sus campañas recursos de todo tipo, a pesar de estar imposibilitadas, por no haber cumplido previamente con la normatividad vigente, para recibirlos. Además, controla, a través de cuentas bancarias concentradoras, las recuperaciones generadas por los programas sociales, especialmente en la zona de los Valles Centrales. En el 2003, la delegación de la Sedesol recibió numerosas denuncias de que a cada beneficiario del programa para adultos mayores se les quitaba 800 pesos anuales para que continuaran recibiendo el mismo.

Una organización que recibió numerosos recursos es también la muy conocida Unión General Campesina y Popular (UGOCP), que encabeza Margarito Montes Parra, que tiene fuerte influencia en la Cuenca del Papaloapan. Montes Parra se hizo famoso por sus movilizaciones en contra de la construcción de la presa Cerro de Oro. La negociación que se estableció con Montes Parra, pasó por la suspensión de las órdenes de aprehensión en su contra. A partir de allí ha recibido recursos de los programas de empleo temporal, opciones productivas, adultos mayores y vivienda. La UGOCP se queda, en forma automática, con un alto porcentaje de los recursos que se entregan a sus afiliados.

Otra organización clave para esta operación es la Asociación de Mujeres Productoras de Oaxaca, cuya dirigente es Carmela Ricárdez, ex oficial mayor del congreso local y una de la principales operadoras del ex líder Juan Díaz Pimentel, acusado de enriquecimiento inexplicable. Díaz Pimentel fue clave en la aprobación de las cuentas públicas de Murat. Aunque fue secretario de salud de Ulises Ruiz, la relación con éste quedó lastimada porque pretendía ser el sucesor de Murat. La AMPEO ha recibido recursos de los programas de Opciones Productivas y Empleo Temporal.

Otra organización clave en estas operaciones es el Movimiento Unificado de Lucha Triqui, una de los grupos más violentos del estado. El MULT está dirigido por Heriberto Pazos, un ex miembro de la COCEI y que como muchos otros integrantes de esa organización, entre ellos Héctor Sánchez, recibieron fuertes apoyos de la administración Murat y fueron decisivos para la victoria de Ruiz en las elecciones de hace dos años cuando formaron, con ese apoyo gubernamental, el partido Unidad Popular, que rompió la candidatura unida de la oposición en torno a Gabino Cué. El MULT ha recibido apoyo, sobre todo de los programas de opciones productivas, empleo temporal y desarrollo local para vivienda. Estos programas han sido claves para el manejo de fondos públicos, sobre todo a través de la doble facturación y la participación de dos empresas: Materiales Alpes y Gurrión Grupo Corporativo, que se adjudicaron innumerables obras en ese proceso.

Otra organización importante, que pasó de la extrema izquierda al apoyo al priismo (y como varias otras también con un pie en la APPO), es la Organización Obrero Campesina Emiliano Zapata, dirigida por José Cruz Santiago y con fuerte presencia en Tlaxiaco (uno de los lugares en que el EPR realizó sus ataques militares en 1996) y Juxtlahuaca. De la mano con el MULT se han extendido a los valles centrales y la costa.

Llama la atención que una de las organizaciones que mayores beneficios recibió durante los últimos años sea Nueva Izquierda Oaxaqueña. Su líder es el ahora muy conocido Flavio Sosa Villavicencio. Tuvo su origen en el PRD, pasó por el “voto útil” a favor de Fox en el 2000 y terminó trabajando con el gobernador Murat, lo que ocasionó fuertes rupturas en la organización, entre ellos de Zenón Bravo y Félix Serrano, un fundador de la COCEI que, él también, terminó trabajando con el MULT y la OOCEZ.

Pero la lista es mucho mayor. Mañana continuaremos con los grupos de la llamada izquierda independiente que hoy son parte de la APPO y que también recibieron fuertes apoyos del presupuesto de gasto social en el pasado reciente en Oaxaca.

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Los recursos públicos destinados supuestamente al gasto social de los oaxaqueños han servido para muchas cosas, entre ellas para financiar aliados políticos e incluso adversarios a modo del gobierno del estado. La cooptación, el establecimiento de acuerdos políticos con base en el dinero, y su ruptura cuando éste debe redistribuirse, está en el corazón del conflicto que actualmente sufre el estado de Oaxaca.

Flavio Sosa, por ejemplo, dirigente de la Nueva Izquierda Oaxaqueña; la COCEI que escribió en el pasado muchas páginas de luchas políticas en el istmo; la llamada Organización Democrática Insurgente, dirigida por el ex diputado perredista Manuel Pérez Morales; la RED, una organización dirigida por el profesor Humberto Alcalá Betanzos, ex dirigente de la sección 22 y ex secretario general del PRD local, son parte de los grupos que fueron financiados, partiendo de posiciones supuestamente opositoras, con recursos de Coplade y el ramo 33 y se aliaron con el gobierno de Murat y algunos con Ulises Ruiz. Pero hay muchos más.

Entre los grupos que hoy son parte directa o indirecta de la APPO y que han sido financiados, también, con los recursos públicos federales se encuentran, en forma muy destacada, las llamadas Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), que está encabezada por Alejandro Cruz López y Crisolo Calleja Hernández. Tienen presencia y trabajo político en la Costa, en la Mixteca y en la Sierra Sur, donde han surgido la mayoría de los grupos armados en Oaxaca. Esta organización fomenta la autodefensa armada de los pueblos indígenas y colabora, públicamente, con el EZLN. Ha recibido recursos públicos de todo tipo del gobierno del estado, lo que le ha permitido ampliar significativamente su cobertura y financiar sus actividades y la de sus dirigentes.

Otra organización de la llamada izquierda independiente, clave en todo este entremado, es el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), que encabeza el ex dirigente del PRD, Carlos Ramírez. Es parte de la llamada Alianza Magonista Zapatista y tiene fuerte presencia entre los grupos indígenas, particularmente en los Valles Centrales y Nochixtlán en la mixteca. Se ha especializado en la invasión de predios urbanos y suburbanos para la creación de viviendas populares: a partir de allí reciben apoyos gubernamentales para la construcción de viviendas, lo que le otorga una base de movilización clientelar, al mismo tiempo que un fuerte financiamiento para la organización y sus dirigentes.

El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) está encabezada por Alejandro Juárez Cruz, Jacqueline López Almazán y Guadalupe Ortiz Cruz. Tiene un trabajo político sólido, sobre todo con las mujeres, y muchas de las organizaciones de izquierda independiente han nacido de desprendimientos de la CODEP. Su labor es esencialmente política, de asesoría y apoyo legal para las comunidades, se ha posicionado sobre todo en la mixteca y en la zona triqui.

Una de las organizaciones con mayor capacidad de captación de recursos en los últimos años es la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), dirigida por el profesor Mario Rafael, con su centro de operaciones en el municipio de Zimatlán de Alvarez, en los Valles Centrales, donde su líder ha sido presidente municipal. Para sus distintas políticas de gestoría y apoyo a las comunidades, ha conseguido fuerte financiamiento de los programas de Empleo Temporal y Opciones Productivas.

Otros dos maestros, miembros también de la sección 22 y con influencia en ésta son los líderes de la Unión de Campesinos Pobres (UCP). Se trata de Lázaro García Barrera y Gustavo Adolfo Ortega. La UCP es una organización en extremo radical, miembro de COMPAS y adherente de la llamada Alianza Magonista. Se han especializado en la toma de oficinas, cierre de carreteras y movilizaciones. A partir de allí presionan para obtener todo tipo de apoyos públicos. Su ámbito de influencia se ubica en las zonas de los Valles Centrales, la mixteca y otra zona con altos índices de violencia, el sector Rincón de la Sierra Juárez.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) es parte del Congreso Nacional Indígena y está dirigida por el agrónomo Carlos Beas y trabaja en San Juan Guichicovi, en Matías Romero, los Chimalapas y Santa María Petapa con las comunidades indígenas, sobre todo en el apoyo legal y la defensa de los recursos naturales. Es parte de las corrientes que se integran al EZLN y tiene muy buenas relaciones internacionales, derivadas de esa adscripción, también, con organizaciones católicas de izquierda. Se ha significado en los últimos años por una decidida oposición al Plan Puebla Panamá y en la actualidad, del corredor Transístmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. En los últimos años ha comenzado a presentar candidatos a algunas presidencias municipales, luego de que siemrpe había rechazado las opciones electorales. Obtiene recursos públicos destinados para proyectos productivos, asesoría, capacitación y defensa de derechos humanos. Con base en ello financia la organización y a sus principales dirigentes, además de distintos movimientos aliados.

Lo perverso de este proceso no es que distintas organizaciones sociales reciban apoyo presupuestal, sino que se utilice el mismo para financiar sus operaciones políticas y mantener un control clientelar de los sectores más pobres del estado. Y para colmo, convertirse en objeto de manipulación de grupos de poder que los utilizan para operar en su beneficio, incluso cuando parecen ser enemigos del sistema. Lo que sucede es que, en ocasiones, como ocurre ahora con la APPO, sus patrocinadores se han convertido en aprendices de brujos, que liberaron fuerzas que ahora ya no pueden controlar.

Por: Jorge Fernández Menéndez
Publicado en: Periódico Excelsior	Fecha: 9 y 10 de Noviembre de 2006