lunes, noviembre 04, 2024
Rumbo Errado
Rumbo errado por FRICASÉ / El Abogado del Pueblo
Existe suficiente evidencia, independientemente del tiempo transcurrido desde el cambio de Gobierno, como para afirmar, sin temor a dudas, que avanzamos por el sendero equivocado.
Por si no fuese suficiente la crisis CONSTITUCIONAL en la que entramos, en la que nadie parece saber cuál es la ley, y si lo saben no les importa, pues ni la atienden ni la acatan, surgen señales de una voluntad autoritaria impositiva reñida con las buenas prácticas democráticas.
Ejemplo claro de esto es la decisión de desaparecer la independencia y autonomía del INAI para convertirlo en una dependencia gubernamental.
Esto conforma una tremenda aberración.
La transparencia es una parte indispensable de la democracia y forma dupla sinérgica con el concepto de la rendición de cuentas.
La transparencia, digámoslo claro, NO ES UNA GRACIOSA CONCESIÓN DEL GOBERNANTE, sino un DERECHO CIUDADANO.
La única forma de garantizar que esto sea así es si el derecho a la información que asiste al ciudadano lo garantiza un organismo autónomo e independiente, no del Gobierno.
Para ese propósito y de acuerdo con las más elementales reglas que rigen los procedimientos democráticos es que en Gobiernos más iluminados se creó -precisamente- un INAI.
La idea es que no puede ser el Gobierno mismo el que decide qué información da a los ciudadanos y cuál no.
La regla de oro de la transparencia es que donde está el dinero del ciudadano (todo lo que gasta el Gobierno central y los locales) deben estar también los OJOS de los ciudadanos.
Nada que haga un Gobierno, en el que está involucrado dinero del erario, puede OPACARSE o esconderse.
Garantizar transparencia en la operación gubernamental no puede depender del Gobierno mismo: un SUBORDINADO del Poder Ejecutivo, que recibe órdenes del mismo, se coloca en evidente conflicto de interés, pues una orden de su "jefe" supera cualquier petición ciudadana requiriendo información.
Lo que pretende este nuevo Gobierno, pues, está completamente reñido con la integridad de los elementos que forman un sistema democrático.
Sumando todo lo que está pasando en México, esto es, la desaparición de la independencia del Poder Judicial, atisbos de un total desacato a las resoluciones de la Suprema Corte y la extinción del INAI y de otros organismos autónomos creados para hacer efectiva en México la rendición de cuentas a la que están OBLIGADOS nuestros gobernantes, todo eso resulta ser un TRÁNSITO HACIA EL TOTALITARISMO, mismo que forja una enorme brecha con las mejores prácticas democráticas.
Nos duele mucho decirlo, pues nuestra esperanza era la opuesta, pero lo que hasta hoy se percibe, haciendo a un lado el DISCURSO, asemeja mucho el talante tiránico más cercano a Gobiernos totalitarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que los democráticos en las naciones más avanzadas.
Invoca nuestra clase gobernante en el discurso -de hecho ése es su PRETEXTO principal- que todo lo que hace es porque "el pueblo así lo manda".
Constantemente afirman actuar a nombre del pueblo y a favor de él, todo ello mientras TOMAN DECISIONES totalmente OPUESTAS a los intereses del pueblo.
Ningún pueblo, voluntariamente, prefiere el YUGO de la dictadura por encima de la LIBERTAD que sólo las prácticas democráticas incorporan a su forma de Gobierno.
Violar la ley no es democrático, desaparecer la separación de Poderes no es democrático, encubrir y opacar el uso y destino del dinero que aportan los ciudadanos no es democrático, como tampoco lo es SIMULAR elecciones de jueces en los que sólo Morena los escoge y sólo Morena los vota, como tampoco afirmar actuar a nombre del pueblo con el nefasto fin de RETIRARLE o restringirle sus LIBERTADES.
A los gobernantes ni la historia ni los ciudadanos los juzgan por su discurso o las buenas intenciones que en ellos plasman.
Se les juzga por sus ACTOS, por sus decisiones.
El nuevo Gobierno habla bonito, pero actúa feo, no sólo en las decisiones que toma, contrarias a las buenas prácticas de la democracia, sino hasta en la manera en que las toma: totalmente chicharronera, sin acato alguno a opiniones que no provengan del mismo círculo oficialista, y lo peor es que ni consideran a los expertos en jurisprudencia que con toda claridad les explican la inconstitucionalidad de sus actos.
Ello, seguramente, porque -de facto- claramente se inclinan por un Gobierno autoritario.
