HARTO de los políticos y del populismo, ¿Y tú?

Hemos confundido o amalgamado democracia y república. Deberían ser, y en muchos casos han sido, compatibles y complementarias, pero no son idénticas. La democracia es la tarea política de los ciudadanos; la república es el andamiaje institucional y legal que la hace posible. Pero la democracia corre siempre el peligro de corromperse en demagogia, y es entonces cuando república y democracia pueden volverse antitéticas. Por desgracia, es el caso de México. Hoy.

La democracia, invento de los griegos, responde en esencia a la pregunta ¿quién tiene derecho a gobernar? La respuesta es: la mayoría. Pero para prevenir la corrupción demagógica idearon reglas diversas para separar de sus cargos a los líderes que, abusando de la popularidad, buscaban una concentración excesiva del poder o azuzaban revoluciones. Aunque al final Atenas sucumbió en manos de las tiranías y el posterior dominio macedonio y romano, su historia no registra una sola tesis filosófica, un solo episodio o un personaje que haya defendido la supresión política de la minoría en nombre de la propia democracia. Esa supresión tenía un nombre: tiranía, y ningún tirano lo fue "en nombre" de la democracia. Por desgracia, ese es el caso de México. Hoy.

La república, invento de los romanos, responde en esencia a la pregunta: ¿cuáles son los límites que deben anteponerse al poder? La respuesta: todos los necesarios. Temerosa de la tiranía de muchos y de uno, Roma discurrió la división tripartita de los poderes: Senado, Asambleas Legislativas y Magistrados ejecutivos (dos Cónsules, no uno, y renovables cada año). Ese orden republicano, trabajado a lo largo de cinco siglos, llevó el derecho y, con él, la civilización romana a todos los confines de aquel mundo. Finalmente se derrumbó a manos de un líder y su cauda popular. Lo siguió el Imperio que globalizó la ciudadanía y, en sus mejores momentos, bajo Augusto, Adriano o Marco Aurelio, rindió homenaje formal a la república. No obstante, en largos períodos predominaron los Calígula, Nerón o Cómodo, los endiosados del poder que pisotearon el legado histórico. Por desgracia, este es el caso de México. Hoy.

El régimen mexicano ha usado la democracia para acabar con la república. ¿Cómo lo ha hecho? Interpretando la democracia, con evidente mala fe, como la tácita voluntad del pueblo depositada en el régimen para hacer lo que le venga en gana, suprimiendo los derechos de la (inmensa) minoría.

En latín, este recurso de la demagogia se denomina "falacia ad populum". Consiste en pretender que la verdad depende de la cantidad de gente que cree en ella. Pero la verdad no es cuantitativa: no importa cuántos opinen esto o aquello, la verdad es un acuerdo entre el dicho y la realidad.

Los voceros del régimen practican ad nauseam la falacia ad populum. A menudo se ponen etimológicos: "demos, pueblo; cratos, poder". O se sienten latinistas: "Vox populi, vox Dei". O sentenciosos: "El pueblo nunca se equivoca". En el fondo, su inspiración -acaso no involuntaria- es Carl Schmitt, el filósofo del nazismo: "la distinción específica de la política es la confrontación del amigo y el enemigo".

Cuando ese pueblo que nunca se equivoca llevó a Hitler al poder en 1933 y vio con regocijo la destrucción de la República de Weimar, Schmitt creyó ver convertida su doctrina en una profecía universal. Todos conocemos los resultados de aquella voz divina, de aquel demos alemán depositando el cratos en el Führer. Pero nadie piensa en ese desvarío del pueblo alemán como una hazaña de la democracia. Por desgracia, México vive su propio desvarío. Hoy.

Precisamente como una hazaña de la democracia se ha querido presentar ese acto de barbarie (cruelmente) llamado Reforma judicial. "El pueblo la pidió para acabar con la corrupción y el nepotismo", se proclama demagógicamente. Doble falacia: ¿dónde consta que "el pueblo" pidió la reforma? Y aun si así fuera, esa opinión no probaría la verdad sobre su pertinencia. Y, para colmo, el cinismo: el régimen que ha abusado del nepotismo y la corrupción lava su conciencia invocando al pueblo.

El endiosamiento del poder produce esos engendros. Grecia nunca recobró su democracia. Roma sacrificó por siempre a su república. Ahí, inverosímilmente, sin división de poderes ni respeto a la ley ni órganos autónomos, con las hordas del crimen a nuestras puertas, en el espectáculo del pan y circo, en el vasto reino de la mentira, precarias las libertades, desvirtuada la democracia, destruidas las instituciones republicanas, por desgracia, está México. Hoy.

Enrique Krauze

En México y Nuevo León, crece la preocupación por el respaldo al autoritarismo como solución a problemas estructurales de la sociedad. Según Latinobarómetro, el 33 por ciento de los mexicanos considera que los Gobiernos autoritarios son más eficaces que los democráticos, incluso violando leyes, un aumento de 11 puntos desde 2020. Al mismo tiempo, el apoyo a la democracia cayó del 43 al 35 por ciento hoy.

Este fenómeno refleja una tendencia preocupante hacia la "recesión democrática", donde la desconfianza hacia los sistemas democráticos y los partidos políticos fomenta el autoritarismo y el populismo.

Cuando un régimen se inclina hacia el autoritarismo, las instituciones del Estado pierden su capacidad de mediación y fortalecimiento. Sin ellas, los Estados se convierten en entidades débiles, incapaces de proporcionar seguridad, servicios básicos o de actuar como árbitros imparciales en los conflictos sociales.

El autoritarismo promete decisiones rápidas y centralizadas, pero estas soluciones son temporales. Steven Levitsky advierte que los Gobiernos autoritarios concentran el poder, erosionan derechos ciudadanos y limitan la rendición de cuentas. Sin libertades no hay desarrollo y un Gobierno recién electo que se vuelve insensible a las críticas demuestra incapacidad, temor y camina hacia el autoritarismo.

En Nuevo León, el enfrentamiento entre poderes refleja cómo la falta de cohesión institucional paraliza el desarrollo. Las disputas entre Ejecutivo y Legislativo frenan políticas públicas, afectando el dinamismo económico y social, y dejando a los ciudadanos vulnerables ante problemas como la movilidad urbana y la creciente inseguridad.

Douglass North, Premio Nobel de Economía, resalta que las instituciones son las reglas del juego que generan confianza y garantizan el desarrollo. Estas reglas, más allá del marco legal, son las reglas de honestidad, decencia e integridad que practicamos o dejamos de ejercer a diario los mexicanos. Su debilitamiento, evidenciado en México con la desaparición de órganos autónomos y en Nuevo León con la manipulación presupuestal, limita programas sociales y políticas públicas efectivas, agravando la desigualdad y la incertidumbre.

Reconstruir la relación entre sociedad e instituciones es urgente, complejo y cuesta arriba. Las pugnas por el poder, al concentrarse solo en el pleito, generan un sistema fragmentado, agraviado e ineficaz. Hoy es más urgente el perdón, la disculpa, que los cálculos políticos.

Ejemplos como Finlandia y Canadá demuestran que invertir en instituciones inclusivas y transparentes impulsa beneficios económicos y sociales.

El autoritarismo puede parecer una solución rápida, pero sus costos a largo plazo son insostenibles. Como señala Amartya Sen, el desarrollo no se limita al crecimiento económico; requiere libertad, participación y justicia. Concentrar el poder erosiona estos principios y priva a la sociedad de un futuro digno.

Aristóteles ya advertía de las depravaciones de los sistemas de gobierno: tiranía, oligarquía y demagogia, donde solo unos pocos se benefician. Hoy, estas distorsiones son evidentes en México y en Nuevo León. Pericles, líder de la democracia ateniense, lo advirtió hace más de 2 mil 500 años: la democracia, aunque valiosa por su participación ciudadana, no siempre garantiza decisiones sabias. Esto exige limitar y ordenar el poder para lograr Gobiernos justos y eficientes.

La democracia enfrenta un grave desgaste. La falta de límites claros, como la división de poderes y la transparencia, la ha debilitado.

Aún hay tiempo para revertir esta tendencia. Cuando los ciudadanos se organizan y exigen rendición de cuentas, las instituciones pueden revitalizarse. Reconstruir nuestra democracia hoy erosionada no es un lujo, es una necesidad urgente. Es hora de construir un sistema en el que la justicia, la equidad y la participación sean los pilares para un México con esperanza de un desarrollo para todos.

Vidal Garza Cantú

Rumbo errado por FRICASÉ / El Abogado del Pueblo

Existe suficiente evidencia, independientemente del tiempo transcurrido desde el cambio de Gobierno, como para afirmar, sin temor a dudas, que avanzamos por el sendero equivocado.

Por si no fuese suficiente la crisis CONSTITUCIONAL en la que entramos, en la que nadie parece saber cuál es la ley, y si lo saben no les importa, pues ni la atienden ni la acatan, surgen señales de una voluntad autoritaria impositiva reñida con las buenas prácticas democráticas.

Ejemplo claro de esto es la decisión de desaparecer la independencia y autonomía del INAI para convertirlo en una dependencia gubernamental.

Esto conforma una tremenda aberración.

La transparencia es una parte indispensable de la democracia y forma dupla sinérgica con el concepto de la rendición de cuentas.

La transparencia, digámoslo claro, NO ES UNA GRACIOSA CONCESIÓN DEL GOBERNANTE, sino un DERECHO CIUDADANO.

La única forma de garantizar que esto sea así es si el derecho a la información que asiste al ciudadano lo garantiza un organismo autónomo e independiente, no del Gobierno.

Para ese propósito y de acuerdo con las más elementales reglas que rigen los procedimientos democráticos es que en Gobiernos más iluminados se creó -precisamente- un INAI.

La idea es que no puede ser el Gobierno mismo el que decide qué información da a los ciudadanos y cuál no.

La regla de oro de la transparencia es que donde está el dinero del ciudadano (todo lo que gasta el Gobierno central y los locales) deben estar también los OJOS de los ciudadanos.

Nada que haga un Gobierno, en el que está involucrado dinero del erario, puede OPACARSE o esconderse.

Garantizar transparencia en la operación gubernamental no puede depender del Gobierno mismo: un SUBORDINADO del Poder Ejecutivo, que recibe órdenes del mismo, se coloca en evidente conflicto de interés, pues una orden de su "jefe" supera cualquier petición ciudadana requiriendo información.

Lo que pretende este nuevo Gobierno, pues, está completamente reñido con la integridad de los elementos que forman un sistema democrático.

Sumando todo lo que está pasando en México, esto es, la desaparición de la independencia del Poder Judicial, atisbos de un total desacato a las resoluciones de la Suprema Corte y la extinción del INAI y de otros organismos autónomos creados para hacer efectiva en México la rendición de cuentas a la que están OBLIGADOS nuestros gobernantes, todo eso resulta ser un TRÁNSITO HACIA EL TOTALITARISMO, mismo que forja una enorme brecha con las mejores prácticas democráticas.

Nos duele mucho decirlo, pues nuestra esperanza era la opuesta, pero lo que hasta hoy se percibe, haciendo a un lado el DISCURSO, asemeja mucho el talante tiránico más cercano a Gobiernos totalitarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que los democráticos en las naciones más avanzadas.

Invoca nuestra clase gobernante en el discurso -de hecho ése es su PRETEXTO principal- que todo lo que hace es porque "el pueblo así lo manda".

Constantemente afirman actuar a nombre del pueblo y a favor de él, todo ello mientras TOMAN DECISIONES totalmente OPUESTAS a los intereses del pueblo.

Ningún pueblo, voluntariamente, prefiere el YUGO de la dictadura por encima de la LIBERTAD que sólo las prácticas democráticas incorporan a su forma de Gobierno.

Violar la ley no es democrático, desaparecer la separación de Poderes no es democrático, encubrir y opacar el uso y destino del dinero que aportan los ciudadanos no es democrático, como tampoco lo es SIMULAR elecciones de jueces en los que sólo Morena los escoge y sólo Morena los vota, como tampoco afirmar actuar a nombre del pueblo con el nefasto fin de RETIRARLE o restringirle sus LIBERTADES.

A los gobernantes ni la historia ni los ciudadanos los juzgan por su discurso o las buenas intenciones que en ellos plasman.

Se les juzga por sus ACTOS, por sus decisiones.

El nuevo Gobierno habla bonito, pero actúa feo, no sólo en las decisiones que toma, contrarias a las buenas prácticas de la democracia, sino hasta en la manera en que las toma: totalmente chicharronera, sin acato alguno a opiniones que no provengan del mismo círculo oficialista, y lo peor es que ni consideran a los expertos en jurisprudencia que con toda claridad les explican la inconstitucionalidad de sus actos.

Ello, seguramente, porque -de facto- claramente se inclinan por un Gobierno autoritario.