domingo, abril 12, 2020

 

Estado, ¿para qué?

Los Estados eficaces han entendido que la única manera de evitar que sus economías se desplomen frente a la amenaza del Covid-19 es controlar la pandemia lo antes posible y proteger, a la vez, a la planta industrial y de servicios, cerradas a piedra y lodo para evitar más contagios, y a todos sus trabajadores y empleados en cuarentena.

 

La ventana de oportunidad ha sido estrecha: la OCDE ha calculado que la economía global decrecerá en un 2 por ciento por cada mes de paro. Y si el cierre económico se prolonga, el mundo entero podría enfrentar la contracción económica más profunda y súbita de la historia.

 

Sólo el Estado tiene los medios para enfrentar (o no) una crisis de este calibre y promover la recuperación económica para evitar el despeñadero.

 

El estímulo para acotar las consecuencias de esa pandemia es ya inmenso. El gasto global de los Gobiernos pasará del 38 por ciento del PNB en los países industrializados en 2019 a más de 40 por ciento en 2020.

 

Gran Bretaña, Francia y Alemania (que parece haber vencido su horror a los déficits) dedicarán hasta 15 por ciento de su PNB para evitar una cascada de bancarrotas. El Presidente francés Macron habló por muchos cuando afirmó que en Francia ninguna empresa enfrentaría el riesgo de la quiebra (datos de The Economist, "Building up the Pillars", marzo 28, 2020).

 

No sólo en Europa, sino también en Asia y Estados Unidos, distintos Gobiernos se han comprometido a otorgar créditos baratos y hasta dádivas a las empresas para evitar despidos de trabajadores y cierres.

 

Es mucho lo que preocupa ya a observadores y analistas sobre este empoderamiento reciente del Estado. Las sociedades de todos los países tendrán que confrontar después del coronavirus, por ejemplo, el uso -y posible abuso- de los datos que guardan los celulares y las compañías de telecomunicaciones, para no hablar de nuevo de Google o Facebook, para rastrear y correlacionar el movimiento de la población y la expansión de la pandemia.

 

Corea del Sur, China, Singapur e Israel han usado esos datos para contener al virus. Los precedentes lo justifican: el monitoreo del movimiento de usuarios de teléfonos celulares ha sido eficaz en la lucha contra el dengue en Pakistán, la malaria en Bangladesh y el ébola en África. Pero su eficacia no borra el peligro de posibles violaciones a los derechos humanos y la libertad de los usuarios. La sociedad civil en cada país tendrá que demandar que el anonimato sea no sólo una promesa, como hasta ahora, sino una garantía.

 

Un riesgo mucho mayor será maniatar a estos Estados empoderados para evitar que transiten de un régimen democrático al dominio del Leviatán despótico. Una tentación que se ha fortalecido ya con la intrusión del Estado en todo el territorio de la economía y en el hacer cotidiano de sus gobernados que, apenas ayer, decidíamos cada uno de nosotros.

 

Algunos Gobiernos ni siquiera han esperado a que la pandemia se estabilice para dar golpes de poder. El dictador húngaro Viktor Orban aprovechó la crisis para pasar por el Parlamento iniciativas que le permiten ahora gobernar por decreto.

 

Y en México, López Obrador convirtió al coronavirus en un "anillo al dedo" para promover su anacrónico proyecto estatista. No sólo enfrentó la pandemia con una maraña de mentiras y ocurrencias tardías y confusas, sino que les ha dado la espalda a los apoyos crediticios que han recibido empresas y trabajadores en muchos otros países.

 

Puso al Estado al servicio de su guerra con la iniciativa privada bajo la extraña creencia de que la extorsión fiscal es un árbol que produce dinero y permitirá a todos los empresarios, pequeños, medianos y grandes, sobrevivir el cierre sin despedir a sus trabajadores.

 

La economía mexicana estaba en recesión cuando el coronavirus se extendió de un mercado chino en Wuhan a todo el mundo. López Obrador ha puesto en riesgo nuestras vidas y nuestro futuro económico. Cada una de las medidas que ha tomado en estos meses ha colocado al País al borde del abismo. Es el momento de la sociedad civil. Estado para eso, no.

 

Isabel Turrent


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