martes, diciembre 13, 2005
Ebrard: mala señal
Juan Ciudadano, El Norte, 12 de diciembre 2005
El Distrito Federal es, por culpa de Andrés Manuel López Obrador, y ahora de Alejandro Encinas, la entidad más rejega para permitir el acceso a los documentos públicos.
El Gobierno del DF ha permanecido cerrado, a pesar de reformas legales, cambios de consejeros de transparencia, contratación de asesores y muchos discursos en los que se asegura que ahora sí va en serio.Como en muchos otros temas, la esencia del problema es la impunidad.
Hasta hoy, nadie ha sido castigado por no entregar un documento, nadie ha recibido un llamado de atención público por incumplir con la Ley local, nadie ha sido exhibido como un funcionario que evade sus obligaciones de transparentar.
La transparencia estancada de la Capital es producto, sobre todo, de la impunidad, antes incluso que de la necesidad de perfeccionar sus normas.
Con estos antecedentes es una lástima que Marcelo Ebrard haya desaprovechado su primera oportunidad de mostrar una nueva cara en un tema que es el mayor déficit del PRD en la Capital.
A Ebrard se le pidió el desglose de sus gastos campaña al interior del PRD y él ignoró la petición.
Igual que López Obrador, Ebrard está haciendo de la transparencia un tema de discurso -"seremos un gobierno austero, eficiente y líder en materia de transparencia"-, pero sin consecuencia en la práctica.
Ante esta constante de quienes han gobernado el DF en los últimos años, resulta crucial que los nuevos comisionados de transparencia que habrán de nombrarse para el DF sean personas con la fuerza para llamar a cuentas a cualquier servidor público, empezando por el Jefe de Gobierno. Es cierto que, en general, a las leyes mexicanas les faltan dientes para inhibir su violación, pero aun bajo estas limitaciones, hay recursos para elevar el costo para aquellos que quieren seguir ejerciendo el poder en una caja negra.
El mejor ejemplo, aunque no el único, es el caso de Jalisco, donde el Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) presentó una denuncia penal contra el Gobernador Francisco Ramírez Acuña por abuso de autoridad. ¿En qué consiste este abuso de autoridad?: En negar una copia del recibo de nómina del Gobernador.Dado que el denunciado actualmente tiene fuero, el juez tendrá que seguir este proceso a partir del 1 de marzo de 2007, cuando Ramírez Acuña deje el cargo de Gobernador. También en Jalisco, el ITEI resolvió aplicar esta misma sanción a un Presidente Municipal que se negó a facilitar un documento que le fue solicitado.En el Estado de México, los Diputados interesados en el tema ya se dieron cuenta -ante lo recurrente de las violaciones a la Ley- de lo crucial que resultan las sanciones, tema que fue menospreciado a la hora de elaborar su Ley de Transparencia.
Un castigo más a la mano de cualquiera de los órganos de transparencia es el de exhibir a quienes incumplen.Para este propósito es un buen precedente que el IFAI haya hecho públicos los 600 expedientes sobre procesos que se le siguen a funcionarios públicos del Gobierno federal por negarse a facilitar información.El tema de los castigos, es decir, de la urgencia de dientes para las leyes de transparencia, se ha convertido en una de las reformas indispensables a considerar en la revisión que ya se empieza a hacer de las leyes -federal y estatales- por los interesados en el tema.Si la deficiencia resulta evidente, no en una, sino en la inmensa mayoría de las entidades públicas mexicanas, no hay tiempo que perder para modificar las leyes.
juanciudadano@juanciudadano.com
Juan Ciudadano es el nombre de pluma de un grupo de personas preocupadas por el derecho a la información.
El Distrito Federal es, por culpa de Andrés Manuel López Obrador, y ahora de Alejandro Encinas, la entidad más rejega para permitir el acceso a los documentos públicos.
El Gobierno del DF ha permanecido cerrado, a pesar de reformas legales, cambios de consejeros de transparencia, contratación de asesores y muchos discursos en los que se asegura que ahora sí va en serio.Como en muchos otros temas, la esencia del problema es la impunidad.
Hasta hoy, nadie ha sido castigado por no entregar un documento, nadie ha recibido un llamado de atención público por incumplir con la Ley local, nadie ha sido exhibido como un funcionario que evade sus obligaciones de transparentar.
La transparencia estancada de la Capital es producto, sobre todo, de la impunidad, antes incluso que de la necesidad de perfeccionar sus normas.
Con estos antecedentes es una lástima que Marcelo Ebrard haya desaprovechado su primera oportunidad de mostrar una nueva cara en un tema que es el mayor déficit del PRD en la Capital.
A Ebrard se le pidió el desglose de sus gastos campaña al interior del PRD y él ignoró la petición.
Igual que López Obrador, Ebrard está haciendo de la transparencia un tema de discurso -"seremos un gobierno austero, eficiente y líder en materia de transparencia"-, pero sin consecuencia en la práctica.
Ante esta constante de quienes han gobernado el DF en los últimos años, resulta crucial que los nuevos comisionados de transparencia que habrán de nombrarse para el DF sean personas con la fuerza para llamar a cuentas a cualquier servidor público, empezando por el Jefe de Gobierno. Es cierto que, en general, a las leyes mexicanas les faltan dientes para inhibir su violación, pero aun bajo estas limitaciones, hay recursos para elevar el costo para aquellos que quieren seguir ejerciendo el poder en una caja negra.
El mejor ejemplo, aunque no el único, es el caso de Jalisco, donde el Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) presentó una denuncia penal contra el Gobernador Francisco Ramírez Acuña por abuso de autoridad. ¿En qué consiste este abuso de autoridad?: En negar una copia del recibo de nómina del Gobernador.Dado que el denunciado actualmente tiene fuero, el juez tendrá que seguir este proceso a partir del 1 de marzo de 2007, cuando Ramírez Acuña deje el cargo de Gobernador. También en Jalisco, el ITEI resolvió aplicar esta misma sanción a un Presidente Municipal que se negó a facilitar un documento que le fue solicitado.En el Estado de México, los Diputados interesados en el tema ya se dieron cuenta -ante lo recurrente de las violaciones a la Ley- de lo crucial que resultan las sanciones, tema que fue menospreciado a la hora de elaborar su Ley de Transparencia.
Un castigo más a la mano de cualquiera de los órganos de transparencia es el de exhibir a quienes incumplen.Para este propósito es un buen precedente que el IFAI haya hecho públicos los 600 expedientes sobre procesos que se le siguen a funcionarios públicos del Gobierno federal por negarse a facilitar información.El tema de los castigos, es decir, de la urgencia de dientes para las leyes de transparencia, se ha convertido en una de las reformas indispensables a considerar en la revisión que ya se empieza a hacer de las leyes -federal y estatales- por los interesados en el tema.Si la deficiencia resulta evidente, no en una, sino en la inmensa mayoría de las entidades públicas mexicanas, no hay tiempo que perder para modificar las leyes.
juanciudadano@juanciudadano.com
Juan Ciudadano es el nombre de pluma de un grupo de personas preocupadas por el derecho a la información.
