domingo, agosto 25, 2024

 

Nuevo régimen

El País va rumbo a un régimen autoritario que limitará nuestros derechos, incluido el derecho al voto. Los Gobiernos que controlan el sistema electoral no suelen reconocer una derrota. Nuestra democracia estaba llena de defectos, pero la vamos a extrañar.
Muchos, sin embargo, estarán contentos e incluso creerán que esta centralización del poder tiene ventajas. En teoría debería, por ejemplo, ayudar a combatir al crimen organizado, aunque ya vimos que en este sexenio con un Presidente con tanto poder el crimen organizado se expandió.
Es tan débil la oposición y tan desorganizada la sociedad que crueldades impensables, como la de un grupo criminal lanzando drones con explosivos en una comunidad en la sierra de Guerrero en abril pasado, o escándalos como el contubernio de grupos criminales con el Gobierno de Sinaloa, no tienen mayor costo político. Morena refrendó la gubernatura en Morelos, la segunda entidad con más homicidios por cada 100 mil habitantes, y le arrebató al PAN la de Yucatán, el estado con menos homicidios.
El éxito económico de China ha generado la ilusión de que el autoritarismo es más eficiente que la democracia. En efecto, el país asiático empezó a crecer tras la muerte de Mao en 1976 gracias a que su sucesor Deng Xiaoping abandonó la planificación centralizada socialista. Pero el autoritarismo de Mao dejó innumerables tragedias, como los más de 40 millones de chinos muertos por hambre por la destrucción de la agricultura a fines de los años cincuenta. China tiene hoy nuevamente un líder tan poderoso que cambió las reglas para poderse perpetuar en el poder. Se hace lo que él dice. Eso suele terminar mal.
Llevarle la contra a un líder fuerte es complicado. En la mañanera del 2 de agosto de 2023, AMLO esbozó su solución a la crisis de la distribución de medicinas: una megafarmacia: "un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando [...]". Hubo voces que criticaron la propuesta, pero en cuatro meses ya estaba lista la megafarmacia. ¿Nadie al interior del Gobierno se atrevió a decirle que sería un fiasco?
Stalin deportaba a Siberia a quienes lo contradecían. Acá AMLO congela a los funcionarios críticos. Quienes ven los errores de sus propuestas han aprendido a callarse y aplaudir. Las 18 reformas constitucionales que se dictaminan a toda velocidad no sólo son el fundamento de un sistema autoritario, sino un reflejo de la manera de AMLO de ver el mundo que tendrá altos costos económicos.
Por ejemplo, se quiere prohibir en la Constitución el fracking, la técnica para explotar yacimientos petrolíferos no convencionales que requiere fracturar las piedras donde está el crudo. Gracias al fracking, Estados Unidos logró posicionarse como el mayor productor mundial. Texas produce 5.7 millones de barriles de petróleo al día, frente a 1.8 de México. La mitad de las reservas prospectivas de nuestro País son no convencionales. Hoy importamos desde Texas dos tercios del gas que consumimos porque no extraemos el mexicano. AMLO, el presunto defensor de la soberanía energética de México, está condenando al País a no desarrollar gran parte de sus reservas.
Este es uno de los costos económicos directos de las reformas de AMLO. Los más graves son los colaterales, como la menor inversión privada que vendrá tras el desmantelamiento del Poder Judicial. ¿Hay corrupción en ese poder? Seguro. Pero con lo que se quiere aprobar, se va a poner mucho peor, amén de que no habrá juez dispuesto a oponerse al Gobierno. Hay inversionistas para todo tipo de entorno, pero entre mayor la incertidumbre, más utilidades buscan y suelen apoyarse en prácticas más corruptas.
Salvo que Claudia ponga el freno, varias de las reformas estarán aprobadas en septiembre. No parece importarles o quizá no se dan cuenta de las implicaciones económicas de su deseo de tener todo el poder.

Carlos Elizondo Mayer-Serra
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#disfrutenlovotado 


sábado, agosto 24, 2024

 

Vacío de justicia

"No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes". Benito Juárez
Nuestro sistema de justicia no es el mejor del mundo. Se parece tan poco al de Dinamarca como el sistema de salud de López Obrador al de ese país nórdico.
La justicia mexicana no es ni pronta ni expedita, pese a que lo ordena la Constitución, lo que demuestra por enésima vez que poner algo en la Carta Magna no lo hace realidad.
Es verdad que es gratuita; ni los ministerios públicos, ni las fiscalías, ni los tribunales cobran por sus servicios, los cuales sufragan los contribuyentes, pero los pobres difícilmente logran que se les haga justicia, ya que no tienen dinero para pagar abogados.
Son tan graves los males de la justicia de nuestro País que habría que aplaudir la decisión del Presidente de lanzar una iniciativa de reforma judicial. El problema es que no resuelve uno solo de los problemas. Es un simple ajuste de cuentas con los tribunales que no han querido violar la ley para obedecerlo y que generará todavía más problemas en la justicia.
El que el pueblo bueno y sabio vote por jueces, magistrados y ministros no va a resolver ninguno de los problemas de la justicia: ni la va a hacer más pronta y expedita, ni permitirá que los más pobres tengan acceso a ella.
Es tan obvio que no hay conexión entre los problemas y esta supuesta solución que uno podría pensar que el Presidente la sugirió sólo como una broma, pero los lopezobradoristas, que ya lloran ante el inminente fin del sexenio, han abdicado del uso de la razón.
El proceso electoral con el que piensan escoger a los juzgadores se advierte ya como una costosa pesadilla burocrática que será manipulada por el Gobierno y por quienes tengan dinero, entre ellos el crimen organizado.
Que una tómbola se considere como uno de los procedimientos de selección de los aspirantes parecería también un mal chiste, pero el chiste ha sido de inmediato incorporado a la iniciativa para quedar bien con el iluminado de Palacio Nacional.
Acabar con la carrera judicial en nada ayudará a mejorar la calidad de la justicia en nuestro País. Tener jueces sin conocimiento ni experiencia, preocupados más por hacer campaña y ganar popularidad, tampoco nos ayudará a conseguir una mejor justicia.
Al contrario, los que lleguen se interesarán en todo menos la justicia. Serán ambiciosos políticos, pero sin vocación de juzgadores.
El despido de todos los jueces, tanto federales como del fuero común, generará un vacío judicial extraordinario que puede durar mucho tiempo. Numerosos juicios llevan años en litigio y acumulan decenas de volúmenes de actuaciones.
Los nuevos jueces podrían tardar años nada más en leer los expedientes, pero lo más probable es que incluso después de leerlos ofrezcan fallos sin considerar todos los elementos del proceso, ya que no tendrán el conocimiento acumulado en años de estudio y ejercicio de la jurisprudencia. La justicia mexicana se volverá más incierta y sometida a decisiones caprichosas. México vivirá un tiempo largo sin ley ni justicia.
La iniciativa misma es caprichosa. Dice, por ejemplo, que los aspirantes deben tener un promedio mínimo de 8 en la carrera y uno de 9 en "las materias específicas a su cargo". ¿Cuáles son las materias específicas de las carreras de derecho para un juez? Pues todas.
Pero no es lo mismo un 8 del Centro Universitario Cúspide, donde el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo su título de derecho en unas cuantas horas, que uno de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho o la Universidad Panamericana.
López Obrador ha cometido muchos errores en su sexenio, pero ninguno va a dejar una huella tan negativa como su reforma judicial. Quiere acabar de un plumazo con la justicia del País. Lo hace por una venganza personal, pero a un costo elevadísimo para la República.

Sergio Sarmiento 


domingo, agosto 18, 2024

 

Sin límites

Para que un país se desarrolle se requiere un Estado fuerte y
competente capaz de ofrecer seguridad y servicios públicos de calidad.
Es igualmente necesaria una sociedad fuerte capaz de poner límites a
ese poder estatal, para que no sea usado arbitrariamente en su contra.

En su libro "El pasillo estrecho", Daron Acemoglu y James Robinson
analizan cuán difícil es llegar a ese equilibrio. En muchos países el
Gobierno no tiene los instrumentos para enfrentar a individuos
poderosos, en particular a quienes encabezan grupos criminales, caso
extremo es la República Democrática del Congo. En otros, el poder del
Estado es sólido, pero se usa para controlar a la población, como en
Corea del Norte. Sólo unos cuantos países han logrado transitar por
ese estrecho pasillo por suficiente tiempo como para generar un
bienestar compartido y sostenible.

Morena quiere quitar las restricciones al Ejecutivo que se fueron
construyendo en el tránsito hacia una democracia y una economía de
mercado regulada a través de instituciones profesionales y menos
discrecionales. Por ello están por desaparecer al actual Poder
Judicial; eliminar todos los órganos autónomos incluyendo al INE;
ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y
entregarle la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Buscan darle
fundamentos constitucionales a un proyecto de Gobierno autoritario.

Muchos morenistas dirán: "Pero ganamos la elección. Es un mandato
popular". Es pura retórica. Los ciudadanos quieren mayor seguridad y
bienestar. Esos objetivos no son los de las reformas planteadas.
Además, cuando queden más claras las implicaciones de estos cambios,
la incertidumbre sobre su funcionamiento generará menos inversiones y,
por lo tanto, un menor crecimiento económico.

También saben que la Constitución parte del principio de que ningún
grupo político debe poder reformarla por sí solo. Sin embargo, con la
complacencia de un INE y un Tribunal Electoral a modo, le están dando
la vuelta a esa norma para alcanzar una brutal sobrerrepresentación de
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

Lo pueden hacer por la debilidad de la sociedad mexicana. Una parte
está contenta con el pacto que les propuso AMLO: más gasto social y
mejores salarios mínimos, aunque se deterioren aún más los servicios
públicos. Están satisfechos porque además habla en su nombre y hace
enojar a quienes siempre habían mandado. El Poder Judicial de la
Federación nunca les ha servido para gran cosa. En general se
desconoce que gracias a éste los ciudadanos tienen garantizados una
serie de derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo o el
derecho a la privacidad y la intimidad.

Los que podrían oponerse a las reformas andaban de vacaciones o están
sin ánimo de participar. En el caso de los partidos políticos de
oposición, su energía está drenada por los pleitos internos.
Únicamente Movimiento Ciudadano ha hecho un esfuerzo político visible
para tener una representación acorde con los votos que ganaron, aunque
sin mucho éxito. Era previsible que, si la oposición iba dividida a
las elecciones, la sobrerrepresentación sucedería.

Tenemos un Gobierno que hoy no enfrenta restricciones importantes de
la sociedad ni de los partidos de oposición, pero que no puede o no
quiere enfrentar al crimen organizado. La detención en Estados Unidos
del "Mayo" Zambada; la confesión de que iba a una reunión con el
gobernador de Sinaloa y la reacción de AMLO que ha oscilado entre la
confusión respecto a lo sucedido y la negación sobre cualquier
relación entre el crimen organizado y el Gobierno morenista de
Sinaloa, muestra que su prioridad no es enfrentar al crimen
organizado.

Un Estado cada vez más poderoso frente a la sociedad, pero débil
frente al crimen, es la peor combinación posible. Atenta contra la
libertad y el bienestar de sus ciudadanos, contra la democracia y
contra la posibilidad de crecer económicamente.

Carlos Elizondo Mayer-Serra
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Para las licuadoras de 2 velocidades (on/off) un "Estado fuerte" NO
significa un "Estado grande" que se meta en todos los temas de la vida
social y económica de una Nación.

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Confidencial

domingo, agosto 11, 2024

 

Una anécdota

Iba a ser el Gobierno que transformaría a México, el Gobierno que
echaría para atrás los males que caracterizaban al País y que le
habían impedido la grandeza que le corresponde. La ambición era
grande: sería una transformación del tamaño de la independencia o de
la revolución maderista: para qué limitarse con avanzar decididamente
el desarrollo del País, el crecimiento de la economía o el bienestar
de la población cuando se podía aspirar a LA cuarta transformación. Al
final, lo que queda no es más que otro más de los muchos Gobiernos
mediocres que han distinguido a México: una anécdota más en una larga
historia de penas y pocas glorias.

El Presidente López Obrador llegó a la presidencia en su tercer
intento. Llegó luego de que la ciudadanía agotó todas las
alternativas: al PAN y al PRI. En 2018, un electorado exhausto optó
por darle el beneficio de la duda al candidato que persistía en su
intento por triunfar con la promesa de que corregiría el rumbo y
sentaría las bases para una gran transformación. En repetidas
ocasiones ofreció que no alteraría el orden institucional, que
mantendría proyectos básicos como el aeropuerto y que sería el
Presidente de todos los mexicanos.

En realidad, México necesitaba (sigue necesitando) un Presidente
disruptivo que atacara a los grupos e intereses que han impedido que
el País se desarrolle de una manera equilibrada. Por la forma sesgada
en que se fue desenvolviendo el proyecto reformador que inició en los
ochenta, y cuya lógica era no alterar el orden político imperante, el
País se saturó de grupos políticos, sindicales y empresariales (y
ahora del crimen organizado) dedicados a proteger cotos de caza. Dado
que muchos de éstos eran pilares significativos del viejo orden
priista, las reformas los habían protegido, tolerado o eludido. En
muchos casos, por su capacidad de movilización, especialmente con
algunos sindicatos, había una relación de dependencia (y de amor y
odio) respecto a esos intereses. Sólo un actor político hábil y
dedicado, y no comprometido con el "viejo" orden, podía desmontar ese
entramado para realmente liberar las fuerzas, recursos y capacidades
de una sociedad que, en muchos sentidos, seguía dominada y controlada
por pequeños cacicazgos, como ilustran los estados de Oaxaca y
Chiapas.

Un Presidente disruptivo como López Obrador pudo haber sido el gran
reformador de México, la persona libre de vínculos con aquellos
cacicazgos y, por lo tanto, excepcionalmente capaz de actuar de manera
decidida. Pero no fue así. Priista hasta la médula, así fuese de un
ancestral partido dominante que hacía tiempo dejó de existir, el
Presidente no sólo no actuó en contra de esos grupos, sino que los
arropó y convirtió en parte de su propia estrategia. Una estrategia
dedicada al culto a la personalidad, a la concentración del poder y,
pues, a no mucho más.

Es de reconocérsele al Presidente que, pudiendo haber hecho un daño
monumental, su mayor efecto ha sido el de dividir y polarizar todavía
más a la sociedad mexicana. Sin embargo, ahora amenaza con reformas
que le darían al traste hasta a lo poco que hizo bien. Exhibió muchas
de las falacias que se habían convertido en "mantra" de la endeble
democracia mexicana, especialmente las entidades regulatorias y los
órganos autónomos, promovió proyectos de dudosa viabilidad en el largo
plazo y atacó dogmas arraigados que ameritaban ser desafiados. Es
decir, un récord variopinto en el que dominan los grises. Su gestión
se abocó a generar popularidad, pero no condiciones para un mayor
crecimiento económico, una productividad más elevada o, lo peor de
todo, una mayor probabilidad de que el mexicano menos favorecido vaya
a tener una mejor oportunidad en el futuro, especialmente por su
indisposición a transformar al sistema educativo que tanto le urge al
País, a la vez que destruyó el acceso de la mayoría de los mexicanos
al sistema de salud. La mediocridad no se hizo esperar, así fuese muy
popular. El problema es que no hay nada más efímero que la
popularidad.

Hasta hace algunas décadas, México había sido un foco de atención. En
alguna época lo fue por sus valientes posturas en materia de política
exterior, en otra por haber emprendido importantes reformas
económicas. La atención le granjeaba respecto y acceso; ese acceso
facilitó la transformación de la economía, especialmente de las
manufacturas, llegando a conformar una base exportadora que, junto con
la inversión extranjera, sostiene a la economía del País. En una de
esas paradojas de la historia, el gran beneficiario de las reformas
económicas de las últimas décadas acabó siendo su principal detractor.

En el camino, México prácticamente desapareció del mapa. La
incertidumbre respecto a las reglas del juego, la inseguridad y la
falta de inversión en infraestructura y el ataque sistemático a
quienes son indispensables para el desarrollo del País (como los
generadores de electricidad), han provocado la sigilosa salida de
innumerables inversionistas y, con ellos, de oportunidades futuras.

Se acerca el final de un sexenio por demás mediocre pero no sin
consecuencias, muchas de ellas malas y que, en septiembre, podrían ser
letales. Ojalá que la próxima Presidenta derive las lecciones
relevantes para que su sexenio comience bien y no acabe siendo una
mera anécdota -o una gran crisis.

Luis Rubio

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Confidencial

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